La Audiencia Nacional rechazó hoy ordenar la detención de 19 acusados por la jueza argentina María Servini por los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España.
El juez Eloy Velasco estima que la petición de la Asociación pro Derechos Humanos España (APDHE) no es viable porque en los procesos de extradición las partes son el Estado y no los particulares.
Por tanto, la Audiencia archiva esta causa, pero sigue abierta la causa general por lo que no se descarta que estas detenciones se produzcan a medida que avance la investigación.
La asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), alegó el "incumplimiento grave" por parte de la Policía española de la legislación actual y la "omisión escandalosa y disconforme a derecho" del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por la jueza argentina.
"Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial", denuncian.
Entre los requeridos se encuentran siete exministros, entre los que están Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia con el PP. También estarían implicados dos jueces, ocho policías, un abogado y hasta un ginecólogo.
Se les acusa de delitos de homicidio, secuestro, tortura e incluso de la sustracción de un bebé recién nacido.
"Son crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", explicó la jueza Servini.