Según informó la agencia oficial Télam, el gobierno de Cristina Fernández depositó en el estatal Banco Nación cerca de US$ 1.000 millones correspondientes al vencimiento de intereses del 31 de diciembre de los denominados bonos Descuento, emitidos como parte de los canjes de 2005 y 2010.
El pago está a disposición de los acreedores a partir del dos de enero, primer día hábil tras el vencimiento, pero el dinero solo llegará a los inversores con bonos bajo legislación argentina, ya que los acreedores en el exterior se ven impedidos de cobrar por un fallo en firme del juez neoyorquino Thomas Griesa.
La sentencia obliga a Argentina a pagar US$ 1.300 millones, más intereses, a un grupo de fondos de inversión que no aceptaron la reestructuración (que suponen poco más del 1% de los acreedores totales), por bonos en mora desde 2001.
En septiembre pasado, el Parlamento argentino, a instancias de la mayoría oficialista, aprobó una ley para habilitar el pago local de la deuda a los inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por el bloqueo judicial, pero el Gobierno argentino admitió el mes pasado que ningún acreedor se adhirió al mecanismo para cobrar en Argentina.
Desde principios de agosto pasado, cuando por orden de Griesa los pagos argentinos destinados a acreedores en el extranjero quedaron congelados en el banco que hacía de intermediario, calificadoras de riesgo internacionales mantienen a Argentina bajo la categoría de cese de pagos selectivo, un estatus que el país sudamericano rechaza ya que argumenta que ha cumplido sus obligaciones.
Con el vencimiento de este viernes, el primero de 2015, de acuerdo a cálculos de medios locales, suman unos US$ 1.300 millones los pagos que no han llegado a los inversores en Estados Unidos.
Argentina ha alegado hasta ahora que no puede pagar a los fondos de inversión querellantes tal como establece Griesa, en un solo pago y sin quitas, pues violaría la denominada cláusulas Rufo de los canjes de 2005 y 2010, que establece que no se puede pagar más a otros acreedores que a los de la reestructuración.
Dicha cláusula venció este 31 de diciembre y la posible reiniciación de las negociaciones con los fondos litigantes, liderados por EM y NML, se mantiene en el aire, aunque durante las últimas semanas de 2014 el Gobierno argentino advirtió que mantendrá la postura de pagar solo en condiciones justas, equitativas y sustentables para el 100% de los bonistas”.