Luego del fallo de la justicia de los Estados Unidos que obliga a Argentina a pagar a los bonistas en default, las calificadoras de riesgo le retiraron el voto de confianza al país vecino, pues consideran que su capacidad de pago ha quedado seriamente comprometida.
Standard Poor’s le bajó la nota a la Argentina y Fitch le redujo la perspectiva, mientras que, por ahora, Moody’s no emitió ningún juicio formal por la decisión de la Cámara de Apelaciones de EE.UU., de acuerdo a lo publicado hoy por La Nación en una nota firmada por Martin Kanenguiser.
A través de un comunicado, Standard Poor’s dio a conocer que bajó la calificación de los bonos soberanos de B a B-, pues entiende que “el Gobierno podría afrontar crecientes riesgos en el manejo de su deuda tras el fallo”, que “podría incrementar efectivamente los pasivos de la Argentina y el servicio de la deuda del Gobierno”.
De este forma, fue superada por todo el continente, menos por Jamaica, Granada y Belice. El fallo se suma a otros problemas del Gobierno “para definir el manejo de su política económica y su programa financiero en el corto plazo”, incluyendo la pesificación de los bonos de algunas provincias y el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.
Aunque SP se atajó (“no esperamos que el fallo del Tribunal de Apelaciones en Nueva York tenga un impacto inmediato sobre el servicio de la deuda”), afirmó que “continuará dificultando cada vez más la posibilidad de que la Argentina normalice sus relaciones con sus acreedores privados, bilaterales y multilaterales”.
Según el equipo de Sebastián Briozzo, “las políticas establecidas desde la elección presidencial de octubre de 2011 con el tiempo podrían incrementar el riesgo de deterioro del marco macroeconómico del país, presionando su liquidez externa y debilitando las perspectivas de crecimiento del país en el mediano plazo”.
Al respecto, mencionaron “las cada vez mayores restricciones sobre el comercio internacional y el acceso a divisas, una modificación al reglamento del BCRA y la creciente intervención del sector público” en la economía. Esto agravaría “la elevada inflación (que continúa apreciando el tipo de cambio real del país) y los cada vez más rígidos gastos gubernamentales y da por resultado un deterioro del panorama fiscal de mediano plazo y de las condiciones para la inversión”. En cambio, concluyeron, el pulgar podría subir “si el Gobierno toma acciones que recuperen la confianza de los inversores sobre las perspectivas económicas de mediano plazo (en el frente monetario o estructural), y reducir así la incertidumbre sobre su posición de liquidez externa”.
En el caso de Fitch, redujo la perspectiva de la nota argentina de estable a negativa. Aunque en los hechos se trata de un golpe más suave que el de SP, la retórica de esta agencia fue más dura todavía.
“La decisión refleja la creciente incertidumbre acerca de la capacidad de la Argentina de pagar sus bonos emitidos con la ley de Nueva York a tiempo, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, dado el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones”, indicó la analista Lucila Broide. Si bien en este momento no hay limitaciones para que el país pague, aclararon, “esto puede cambiar dependiendo de las observaciones del juez Thomas Griesa” sobre la forma de pago y la responsabilidad de los bancos involucrados en la liquidación de estos bonos.
La consultora Empiria, de Hernán Lacunza y Pedro Rabassa, indicó que si que el Gobierno toma una posición irreductible “probablemente se gatillarían las cláusulas de default de los bonos, inhibiendo cualquier posibilidad de financiamiento externo”, en un contexto de cierto agotamiento de las fuentes públicas de pago de la deuda.
Moody’s, en tanto, aún cree que el Gobierno tiene margen. “No vemos el escenario de default”, dijo a La Nación Gabriel Torres desde Nueva York. Pero los acreedores creen que a la Argentina sólo le queda la opción de pagarles, antes o después de diciembre.
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