Ayer se venció el plazo para que Argentina pagara mil 330 millones de dólares en efectivo a tenedores especulativos de bonos del Estado, que lograron que un juez de Nueva York, Thomas Griesa, fallara a su favor y bloqueara el depósito internacional por 539 mdd hecho por el país para cumplir con sus compromisos de deuda con casi 93 por ciento de sus acreedores. Las calificadoras de riesgo Standar Poor’s (SP) y Fitch colocaron a Argentina en “default selectivo” o parcial, un paso antes de la quiebra.
En este siglo, es la segunda ocasión en que Argentina enfrenta ese tipo de situación. ¿Cómo puede afectar la calificación de SP?
Hay que recordar que a fines de 2001, cuando ocurrió el default verdadero del país, la misma agencia no había previsto la situación, para ella estaba todo muy bien. Pero por el nivel de endeudamiento, al país le fue imposible enfrentar sus compromisos, cosa que es absolutamente distinta hoy. La SP es la misma agencia que, además, no dio cuenta ni previó la crisis financiera de 2008, por lo que, al menos para nosotros, no tiene demasiada integridad para decir lo que dice.
¿Qué pasa con la sentencia del juez Thomas Griesa?
Argentina, efectivamente, tiene una sentencia de parte de ese juez, que beneficia a estos fondos especulativos que son solo 1 por ciento de acreedores no originarios —es decir, no son acreedores que le prestaron al país en décadas anteriores, sino que son fondos que se aprovecharon de la quiebra en 2001 y que compraron por centavos bonos que tenían en propiedad los reales acreedores—. Desde 2005, cuando Argentina reestructuró la deuda con la mayoría de acreedores, estos fondos iniciaron una batalla y luego de casi 900 demandas judiciales fallidas alrededor del mundo, hallaron un juez que realmente se está comportando como su abogado defensor. La demanda está en la justicia de Estados Unidos, porque quienes contrajeron la deuda argentina de hace muchísimo tiempo en distintas etapas de otros gobiernos, no el nuestro, pusieron como referencia para dirimir los asuntos a los tribunales de Nueva York.
Además de los 539 millones, se está hablando de otra cantidad, entre mil 500 a mil 600 millones. ¿De dónde sale esta cifra?
Estamos hablando de que solo una minoría de los tenedores de títulos cuestiona la reestructuración que Argentina hizo con 92.4 por ciento de todos los acreedores. Los fondos buitre compraron en su momento bonos por 48 millones de dólares, pero no quieren aceptar las condiciones en que se reestructuró la deuda, quieren cobrar ciento por ciento de lo que ellos suponen debería ser y pretenden una ganancia de mil 600 por ciento. Les estamos ofreciendo lo mismo que al resto de acreedores, es decir, una ganancia de 300 por ciento pero ellos quieren más, lo que va contra las leyes, ya que en el fondo lo que están cuestionando por extensión es la decisión de una reestructuración soberana de otras deudas en otros países. Esto también pone de relieve que no existe a escala internacional una regulación para evitar que unos pocos fondos, que lo que buscan es maximizar su renta y ganancias, tiren por la borda todas las decisiones soberanas sobre restructuración de deudas.
¿Qué opciones tiene Argentina para refutar la decisión del juez Griesa? ¿Dónde queda el pago de 539 millones bloqueado y a qué instancias puede recurrir para quitar o salir de este default?
Cuando se habla de default significa que no se puede pagar, lo cual no es nuestro caso ya que depositamos y pagamos en tiempo y forma a los acreedores, y también hemos depositado y pagado la renegociación con el Club de París. Lo que ha hecho el juez Griesa es impedir que ese dinero llegue a la mayoría de tenedores, que deberán proceder ante el banco, el cual tiene bloqueado ese dinero para pagarles y tampoco lo puede devolver a Argentina. A la vez, Argentina por ley no le puede pagar más de lo que le paga a los bonistas con quienes reestructuró su deuda en 2005 y 2010, en dos ocasiones que abrió el canje para todos los que quisieran participar, y estos fondos buitre no lo quisieron hacer. Si a ellos se les pagará más de lo que se les ha dado a los que acordaron la restructuración oportunamente, estos últimos estarían en todo su derecho de recurrir a la justicia y pedir que se les pague lo mismo, con lo cual toda la restructuración se caería y llegaríamos de nuevo a tener una deuda de 150 mil millones de dólares.
Este es el tema…
En efecto, es el dilema y lo que quieren es presionar, extorsionar para que el país, por temor a que se diga que cayó en default, decida hacer lo que ellos quieren. Vamos a seguir honrando nuestras deudas, pero de manera justa, equitativa y legal.