El gobierno mexicano inició este lunes un proceso con el que aspira a desmovilizar a los grupos de autodefensa, que surgieron hace 14 meses para enfrentar a un poderoso cártel narcotraficante de Michoacán (oeste) al que han logrado arrinconar.
El proceso de desmovilización, que debe concluir a más tardar el 10 de mayo, arrancó con un registro de las armas de integrantes de los grupos de autodefensa de tres municipios de Michoacán.
El gobierno efectuará estos registros armamentísticos gradualmente en 28 municipios de Michoacán hasta el 10 de mayo, cuando pretende que los miembros de las autodefensas o bien se hayan incorporado a un cuerpo legal de seguridad o bien hayan regresado a sus actividades laborales anteriores.
Las autodefensas de Michoacán surgieron en febrero del año pasado en comunidades rurales que se alzaron en armas contra Los Caballeros Templarios, el cártel que por años sembró el terror en la región. El movimiento ha tratado de detener o expulsar a los narcotraficantes expandiéndose en una treintena de municipios que organizaron su propio grupo de autodefensa.
Ante la violencia en la región, el gobierno federal intervino con un vasto operativo policiaco y militar que este año logró prácticamente desmantelar la cúpula del cártel, por lo que ahora reclama a las autodefensas que se desmovilicen y les permitan ocuparse de la seguridad.
Alfredo Castillo, comisionado del presidente Enrique Peña Nieto para la seguridad de Michoacán, supervisó este lunes el inicio del registro de armas en el pueblo de Coalcomán (unos 18.000 habitantes) después de anunciar una nueva detención de un político, en este caso del alcalde de un importante puerto de Michoacán, por vínculos con Los Caballeros Templarios.
Sobre el avance del registro, el funcionario señaló a la AFP que hasta la tarde del lunes se habían contabilizado "más de 500 armas entre largas y cortas".
Castillo había anunciado que únicamente se les retirarían a las autodefensas las armas de más alto poder, como lanzagranadas o fusiles Barrett calibre .50, y que podrían quedarse con las demás, incluidos los numerosos fusiles AK-47 que poseen.
El permiso que se les otorga es únicamente para la posesión del arma, pero no para portarla ni utilizarla, y en el registro se están haciendo también pruebas balísticas para conocer si las armas han sido empleadas en algún delito.
En cuanto al reclutamiento de autodefensas -un movimiento que según sus dirigentes cuenta con unos 20.000 integrantes-, Castillo señaló que por el momento 685 de ellos han solicitado el ingreso a un cuerpo policial regional denominado Fuerza Rural Estatal.
El gobierno mexicano ha recalcado que después del 10 de mayo detendrá a toda persona que sea localizada armada en la zona.
Para distinguirse de anteriores operativos, el gobierno mexicano asegura que esta vez, además de la captura de los narcotraficantes, su objetivo es también acabar con su red de protección política y este lunes anunció la tercera captura de un alto funcionario en este mes.
Arquímides Oseguera, alcalde del municipio Lázaro Cárdenas, uno de los puertos más importantes de México, fue detenido por su "probable relación con el líder de la organización criminal" y su "probable participación en los delitos de secuestro y extorsión", informó Castillo.
Este mes también han sido detenidos el número dos del gobierno regional de Michoacán, Jesús Reyna, y Uriel Chávez, alcalde de la ciudad de Apatzingán, hasta ahora el gran bastión de Los Caballeros Templarios.
Además, el operativo especial del gobierno, con unos 10.000 militares y policías, ha logrado abatir o capturar a tres de los cuatro jefes máximos del cártel, mientras sigue la búsqueda del líder que queda en libertad: el exmaestro de primaria Servando Gómez, alias "La Tuta".
El puerto de Lázaro Cárdenas (unos 180.000 habitantes) ya había sido puesto bajo control militar el pasado noviembre.
La medida se tomó luego de que se denunciara que funcionarios del puerto sobre el océano Pacífico permitían la llegada de precursores químicos desde Asia con los que después Los Caballeros Templarios fabricaban metanfetaminas en laboratorios clandestinos escondidos en esa montañosa región.
Además del narcotráfico, el cártel también practicaba la extorsión a grandes y pequeños empresarios y extraía ilegalmente mineral en minas de Michoacán.
En marzo, autoridades incautaron 119.000 toneladas de mineral ilegal en Lázaro Cárdenas, que iban a ser exportadas principalmente a China.
El conflicto en Michoacán es el principal reto en seguridad de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que ha mantenido el combate militar contra el narcotráfico lanzado por su predecesor Felipe Calderón a finales de 2006, periodo en el que se cometieron más de 80.000 asesinatos en México vinculados al crimen organizado.