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Brutal ataque contra la prensa en Bolivia
El periodista radial boliviano Fernando Vidal, del pueblo de Yacuiba, en la región de Tarija, fue quemado el lunes en plena emisión de su programa radial. Cuatro personas con los rostros cubiertos ingresaron a la cabina de la emisora, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. El hombre de prensa, de 78 años, sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza, el pecho, el estómago y los brazos. El 40% de su cuerpo se encuentra comprometido. También fue quemada una trabajadora de la radio y los equipos de la emisora fueron destruidos.
El hombre de prensa había sido los últimos días crítico a los políticos de la provincia del Gran Chaco, que pertenece a la jurisdicción del departamento de Tarija, especialmente a su papel en la lucha contra el contrabando con Argentina. En el momento del atentado Vidal entrevistaba a dos mujeres que denunciaban la corrupción del Control Operativo Aduanero. No se descarta que el ataque sea una vendetta de los grupos armados dedicados al contrabando.
El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. condenó el ataque y advirtió que los gobiernos tienen la responsabilidad de respetar “completamente el derecho a la libertad de expresión y proteger a los que ejercen su trabajo”. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia ha señalado a propósito de este hecho que en Bolivia está aumentando la intensidad de agresiones contra periodistas. Amnistía Internacional demandó al gobierno de ese país que la investigación del atentado sea independiente e imparcial, que los responsables deben ser llevados ante la justicia sin dilación y que el ataque demuestra que la libertad de expresión está todavía bajo amenazas en Bolivia. En el mismo sentido se expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El problema de las agresiones contra los periodistas en Bolivia es la impunidad y la creciente ofensiva del gobierno contra los medios y periodistas críticos. Según el informe sobre libertad de prensa de la SIP, aprobado en su Asamblea General reciente en Sao Paulo (Brasil), el gobierno ha comenzado a emplear una ley contra el racismo y toda forma de discriminación para controlar el trabajo periodístico o buscar la sanción y el cierre de medios.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete fueron los primeros medios procesados bajo el artículo 281 del Código Penal que consigna la figura de difusión e incitación al racismo y la discriminación.
Según la SIP y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), los casos de delitos en ejercicio de la libertad de expresión deben ventilarse a la luz de la Ley de Imprenta y de los Tribunales de Autorregulación Ética, según mandato de la Constitución, pero no en la vía penal. El 26 de setiembre, el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne, director de Radio Fides, fue encausado por emitir “criterios sediciosos con el afán de desestabilizar al gobierno y crear una sensación de inseguridad e incertidumbre”. La denuncia tiene su origen en una opinión del director de radio Fides sobre la ilegalidad de la asunción de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, como presidenta interina de Bolivia durante cinco días debido a los viajes al exterior del Presidente y del Vicepresidente. De acuerdo con la SIP, el director de Fides se limitó a leer la Constitución y a recordar que la única instancia que puede interpretarla es el Tribunal Constitucional y no el Gobierno.