Aun no está vigente el intercambio de información tributaria, y ya se le atribuye el 50% de la caída de la inversión argentina en materia de inmuebles sobre la costa uruguaya.
Esta información fue presentada ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado por representantes de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (AIPE) y la Cámara Inmobiliaria de Maldonado (CIM) hace un par de días, cuando acudieron a consultar sobre la aplicación del tratado de intercambio de información tributaria con Argentina.
Durante el encuentro con los legisladores de la comisión, el presidente de la CIU, Gabriel Conde, indicó que según el estudio presentado, la detracción de la inversión del país vecino en el Este uruguayo alcanza por estos momentos el 50%, agregando que en algunas áreas especificas el impacto es más profundo.
El titular de la CIM, Juan Francisco Bistiancic, indicó a su vez, que la disminución en la compraventa en el departamento de Maldonado es entre el 45% y el 55%, a partir del momento que se hizo público el tratado de intercambio de información fiscal entre ambos países.
Se les presentó a los senadores las cifras del sector de la construcción, que hoy les da trabajo a 60.000 obreros en forma directa, y que dobla esa cantidad si se les suman los puestos indirectos que genera. Los datos del Banco de Previsión Social (BPS) marcan que las empresas inmobiliarias emplean a 23.000 personas en forma directa. ”Estamos viendo hoy a unas 150.000 personas viéndose afectadas por este tratado”, subrayó ante la comisión.
Conde agregó que entiende que el tratado “es retroactivo”, aunque no lo sea el pedido de información. “La AFIP argentina podrá pedir información a partir de la vigencia del tratado y no respecto a cinco o seis años atrás. El problema es que cuando pida esta información de una determinada persona, y los datos arrojen que tiene tres inmuebles en el Uruguay, será obvio que no los compró ese mismo día. Por eso, para la AFIP, será muy fácil conseguir la información registral que le permitirá saber desde cuándo tiene esos inmuebles y así cobrarle por los últimos años”, comentó Conde, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Para otro directivo de la Cámara, Alfredo Tortorella, el tratado “afecta realmente la credibilidad del país” porque “siembra un desvío para la inversión externa”. Carlos Decurnex, también de la CIU, añadió que si bien considera que “hay que ir por el camino de la transparencia”, “en este momento y en estas condiciones un tratado haría peligrar las cifras del trabajo por la inversión argentina”.
“La gente que venía acá (a invertir) se está yendo a Miami porque la cancha está flechada en varios aspectos y esto (el tratado) la termina de flechar”, opinó el experto.
Luego de esta exposición, los interesados plantearon que el acuerdo entre Argentina y Uruguay sea negociado en otros términos. ”El Parlamento podría decir que no y sería un buen mensaje para la inversión. No le decimos que no a un tratado con Argentina, sí a redactar uno distinto, con transparencia y que no nos perjudique”, dijo.
El presidente de la AIPE advirtió a su vez que ya se está “notando una disminución en la compra de viviendas” por parte de argentinos en Punta del Este.
Otras cifras aportadas por los titulares de las Cámaras Inmobiliarias indican que solo en Maldonado se mueven US$ 360 millones anuales por concepto de compraventa de inmuebles, o sea un 16% del mercado uruguayo.
También señalaron que el movimiento inmobiliario en Montevideo ha crecido en “dependencia” de la inversión argentina, que se están quedando con un 15% del mercado total en la capital del país.
A fines del mes de abril, Argentina y Uruguay acordaron la firma de un tratado de intercambio de información tributaria. Este convenio bilateral está enmarcado con estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según informaron desde la Presidencia.
El objetivo de este documento es la promoción de la cooperación internacional en temas tributarios, a través del intercambio de información fiscal. Elimina los efectos de la doble tributación, y su finalidad más importante es la de proteger las relaciones económicas y comerciales.
Una vez que este acuerdo entre en funciones, las autoridades de ambos países colaborarán unos con otros con el intercambio de la información que sea relevante para la determinación, liquidación, implementación, control y recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos fiscales. Mientras el Congreso argentino ya lo aprobó hace meses, el Parlamento de nuestro país hará otro tanto antes que termine el 2012.
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