"Los grandes avances en la industrialización de soja en Paraguay, con sus consecuentes beneficios económicos para la población y el Estado, pueden verse severamente afectados", dice el texto.
Desde la Cappro consideran que la reciente medida "si en su reglamentación no resulta en una ecuación equilibrada para la industria de molienda paraguaya", podría perjudicar fuertemente a nuestro país, causar desabastecimiento y paralizar todos los planes de expansión en estudio.
"A esto se sumaría como secuela, la disminución de los volúmenes de productos procesados a exportar, afectando el flujo logístico constante y durante todo el año de las empresas de transporte terrestre y logística fluvial", agrega el comunicado.
"Necesitamos competir en igualdad de condiciones con las industrias del vecino país" remarcaron los directivos de la Cámara.
Según datos proveídos por la Cappro, en los últimos cinco años se ha invertido más de USD 450 millones en instalaciones industriales; generando empleo a más de 5,600 trabajadores en total; 1,400 de manera directa en las plantas y 4200 de manera indirecta en las empresas de servicios y mantenimiento anexas.
"Esperamos que nuestro País tome las medidas necesarias para permitir que se generen y mantengan los puestos de trabajadores calificados que actualmente estamos empleando, que se propicie el agregado de valor de la producción dentro de las fronteras del país y se permita el crecimiento de otros emprendimientos agroindustriales de estrecha relación a nuestro sector", sostienen.