30/08/2013 00:00
Por Redacción Día a Día
Agotadas todas las instancias, la pelota ahora sí quedó en poder total de la Corte Suprema de Justicia que, en un tiempo no estipulado, deberá decidir sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual impugnados por el Grupo Clarín.
Como estaba previsto, representantes del multimedio y del Estado defendieron el jueves sus posturas y, además, contestaron las quirúrgicas preguntas que preparó el máximo tribunal sobre los aspectos más sobresalientes del litigio.
Tras el tenso debate del miércoles, al que asistieron los “amicus curiae” (amigos del tribunal), especialistas propuestos por el Poder Ejecutivo y la empresa, los abogados de ambas partes se presentaron ante el alto tribunal en la segunda audiencia pública por la normativa impulsada por el kirchnerismo.
El inicio de la sesión estuvo marcado por la ausencia de Eugenio Zaffaroni (de viaje por Alemania). Ya durante la primera audiencia sólo escuchó a dos de los expositores y se retiró.
Los restantes jueces del máximo tribunal formularon preguntas y escucharon las respuestas a los abogados del multimedio, María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino.
Sonó el clarín. Los representantes del Grupo Clarín argumentaron que la aplicación de los artículos cuestionados de la Ley de Medios afecta la sustentabilidad económica de la empresa y a la libertad de expresión. En esa línea argumentaron que la restricción del número de licencias audiovisuales y la fijación de una cuota tope de mercado que imponen los artículos cuestionados perjudican “la escala y el alcance del grupo”.
Al respecto, el abogado Damián Cassino señaló que “cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones”. “Si se reduce la audiencia, se reducen los ingresos y así la empresa no va a poder subsistir en forma competitiva”.
Además, advirtieron que, tal como se redactó la normativa, “desaparecerá la línea crítica” que representa el Grupo Clarín, que es “el único medio” que está en condiciones de “hacer periodismo de investigación”.
También por el lado de Clarín, la defensa denunció acciones de “hostigamiento” contra la empresa, que sufrió “el cepo publicitario privado y la quita de la publicidad oficial”, con el objetivo de “desguazar” a la compañía y “silenciar la voz crítica”.
Preguntas al hueso. Tras un breve cuarto intermedio, la Corte Suprema comenzó a interrogar a los representantes del Poder Ejecutivo. Los técnicos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) respondieron más de 30 preguntas que elaboraron los jueces a partir de la lectura del expediente. Para Clarín hubo 15.
Los representantes del Estado admitieron ante la Corte que cuatro años después de la sanción de la Ley de Medios aprobó el 35,9 por ciento de las solicitudes de adecuación a la nueva norma, que fueron presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias. Ante una pregunta precisa de la Corte sobre el cumplimiento de la Ley por parte del organismo, el abogado Daniel Larrache reconoció ante los magistrados que, hasta el momento, “los licenciatarios que se adecuaron a Ley son 14”, la cantidad que aún requieren aprobación “son 15” y que hubo “otros 10 que no requieren adecuación y fueron desestimadas”.
La palabra K. El cierre fue para el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) Martín Sabbatella, quien defendió la constitucionalidad de la ley ante el tribunal e insistió que es “una herramienta para democratizar la comunicación”.
“Argentina tiene un problema de concentración mediática y eso hay que modificarlo”, señaló Sabbatella, quien, hablándole a los integrantes del tribunal, agregó: “Acá decidimos si avanzamos en la democracia o retrocedemos”.
El funcionario concluyó que de no aplicarse en plenitud la ley, Clarín elevaría “una tendencia monopólica, una posición dominante y competencia desleal”.
Fallo ¿a la vista? La Corte no tiene plazos para decidir el fondo. Podría hacerlo antes o después de las elecciones de octubre.
Damián Cassino -Abogado de Clarín- La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo. Lo único que se persigue (con la ley) es desguazar al Grupo Clarín.
Martín Sabbatella -Titular de Afsca- La ley tiene un espíritu antimonopólico pero de ninguna manera no garantiza la sustentabilidad, que es el argumento del grupo Clarín. Nunca menos democracia y nunca más concentración de medios.
Comunicado. En un comunicado, el Grupo Clarín fijó postura sobre lo ocurrido el jueves ante la Corte y criticó ”nuevas falsedades” del Gobierno. “Los representantes del Gobierno Nacional volvieron a utilizar información falsa y argumentos sesgados en la audiencia de la causa por la Ley de Medios”. Además, señaló que “el Gobierno ratificó que considera a las licencias ‘meros privilegios precarios’, a los que puede cancelar antes de su vencimiento”, reza el texto, y agrega: “El Afsca no supo contestar cuántas licencias detenta el Grupo Clarín y cuál es su participación en cada uno de los mercados en los que compite”. Además, el multimedio argumentó que los funcionarios “no pudieron explicar por qué se necesitaría quitarle licencias al Grupo Clarín para que existan otras voces”.