Analistas e inversores locales y del exterior esperan que el gobierno argentino acelere las negociaciones con los fondos buitre, tras la caída de la cláusula Rufo que impedía a la administración Kirchner, mejorar la oferta a los tenedores de bonos en default que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Tanto a nivel local como en el exterior, la comunidad financiera internacional aguarda que el gobierno argentino ponga fin al litigio que mantiene con un grupo de holdouts en los tribunales de Nueva York.
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles 1.330 millones de dólares en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados “me too” (”a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los 10 mil millones de dólares. Tras el rechazo de la Corte Suprema de la Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los fondos buitre tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa. En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones de la cláusula Rufo.
Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extinguió el 31 de diciembre pasado.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no restructurada pero en “condiciones, justas, equitativas y legales”.
Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito.
El conflicto judicial mantiene a la Argentina en una virtual cesación de pagos selectiva desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo.
Esta situación complicó el escenario financiero y le impidió al país a acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica, que según los datos del Indec para el tercer trimestre del año se mantiene en un estancamiento total, dado que no creció nada en los tres primeros meses del año con relación a igual período del año anterior.
Se estima que un acuerdo con los holdouts cambiaría la perspectiva sobre la evolución de la actividad durante el electoral año 2015.
EL CENTRAL SUSCRIBEN LETRAS
El gobierno nacional emitió dos Letras del Tesoro (Letes) por 12.898 millones de dólares para ser suscriptas por el Banco Central y que tendrán como destino el pago de la deuda pública. Así consta en sendas resoluciones del ministerio de Economía y de las secretarías de Finanzas y de Hacienda. De esta manera, el Gobierno insiste en el pago de los servicios de la deuda mediante la utilización de las reservas líquidas del Banco Central. Desde 2009, se viene utilizando esta modalidad de pago de los servicios e intereses de la deuda nominada en moneda extranjera.