Asimismo, el funcionario destacó la necesidad de realizar "un debate de carácter internacional en las Naciones Unidas", tras considerar que "es un patraña absurda" decir que se cayó en "default técnico", porque la Argentina "ha pagado y cumple".
Al fundamentar la posibilidad de acudir ante la Corte de La Haya, Capitanich afirmó que "Argentina hará valer sus derechos ante la comunidad internacional".
"Ahora se abren múltiples instancias, como por ejemplo la Apelación ante la Corte Internacional de La Haya", afirmó Capitanich, al considerar que es necesario un "debate en la Organización de las Naciones Unidas" para "regular la obligatoriedad de acuerdo de las mayoría a las minoría".
En ese sentido, enfatizó que "no puede el sistema financiero y la comunidad internacional avalar a un grupo minúsculo que pretenden fulminar el proceso para reestructurar deudas de carácter soberana".
Sin rodeos, Capitanich, apuntó contra la administración de Barack Obama, al sostener que "Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente", y reclamó al país del Norte "que no venga con la excusa que de que el poder judicial es independiente".
"(Estados Unido) es independiente de la racionalidad, pero no son independientes de los fondos buitre", exclamó.
Al analizar las frustradas negociaciones en Nueva York, Capitanich consideró que hubo una "marcada incompetencia del special master (Daniel Pollack) para generar las condiciones de negociación razonables -que la Argentina ha mantenido de una forma clara- por no haber entendido el proceso; por no respetar la condición de la Argentina como país soberano y por desconocer cuestiones elementales desde el punto de vista de esta negociación".
Además, dijo que el negociador asignado por el juez de Nueva York Thomas Griesa desconoció que "tal como dijo el ministro de Economía (Axel Kicillof) Argentina tiene una restricción desde el punto de vista constitucional y legal".
Sostuvo también que el país tenía dos opciones para poder avanzar en la negociación, la primer "la apertura del canje para que los fondos buitre se incorporen en las mismas condiciones de 2005 y 2010; o el otorgamiento de un stay (medida cautelar) sobre los fondos para pagarle a los bonistas reestructurados para favorecer la negociación".
De lo contrario, el funcionario estimó que "se podía disparar la aplicación de la cláusula RUFO", posibilidad que Capitanich calificó de "inaceptable por los efectos colaterales".
Al respecto, consideró que "la aplicación de la cláusula RUFO podría dispara una multiplicidad de juicios contra el Estado Argentino".
Por otra parte, dijo que "la República Argentina ha pagado. Ha depositado los fondos necesarios y suficientes en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central, por tanto esos fondos pertenece a los tenedores, y son los tenedores los que deben exigir su pago" al juez Griesa.
Reseñó además que los responsables del no cobro por parte de los bonistas son desde "el agente fiduciario hasta los agencia de compensación, incluso la actitud de los tenedores de bonos que deben exigir al juez la recepción de los fondos".
Asimismo, el funcionario apuntó contra "aquellas calificadoras de riesgos, o agencias financieras, que pretendan decir que la Argentina está en un supuesto ‘Default técnico’ es una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración de deuda soberana", dijo Capitanich.
Por otra parte, consideró que "pretender endilgarle la responsabilidad de esta cuestión al gobierno argentino".
"El gobierno ha cumplido con el pago, el prospecto, con el contrato y la ley. El sometimiento a la jurisdicción de Nueva York no tiene que ver (con el gobierno) sino con la prorroga de jurisdicción que comenzó en 1976", explicó.
Por otra parte, comentó que "muchos preanuncian la catástrofe: Inflación, desempleo, pobreza".
Al ser consultado, sobre una posible negociación entre privados argentinos y los holdouts, Capitanich dijo que "cualquier eventual acuerdo entre privados no implica incumbencia por parte del Estado".
|| Fuente: (www.zonanortediario.com.ar / NA)