Nueva York. Tras lograr cierto alivio por la suspensión de una orden judicial que la obligaba a pagar una deuda millonaria a bonistas de Estados Unidos, Argentina buscaría hoy, según analistas, mostrar una mayor flexibilidad para acordar una salida con sus acreedores.
Argentina debe presentar hoy ante la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su defensa contra la demanda de los propietarios de fondos de inversión que le exigen el pago de bonos por 1.330 millones de dólares que están en cese de pagos desde 2001, cuando el país sufrió la peor crisis económica y financiera de su historia.
El 27 de febrero las partes presentarán sus argumentos de forma oral en una audiencia fijada por el tribunal estadounidense que a fines de noviembre suspendió indefinidamente la orden del juez Thomas Griesa de pagar la totalidad de lo que se adeuda a los litigantes.
Con sus declaraciones públicas, la presidenta Cristina Fernández ha mostrado su determinación de no pagar un centavo de lo que adeuda a los demandantes. La mandataria considera a esos bonistas “fondos buitre” que hacen fortunas dañando a países emergentes y los cuestiona por no haber aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina en cese de pagos. Fernández ha sostenido que su país es víctima del “colonialismo judicial”.
Sin embargo, con sus últimos actos el gobierno ha dejado una puerta abierta para abonar aunque sea una parte de lo que adeuda y así llegar a una salida negociada.
Si esa flexibilidad le rinde frutos, Argentina soslayaría la amenaza que pesaba en el fallo del juez Griesa de tener que pagar la totalidad de lo que debe a los litigantes, lo que implica dejar de abonar los vencimientos de los tenedores de bonos reestructurados en 2005 y 2010 y caer en un “default técnico”.
El magistrado quería que Argentina pagara el 15 de diciembre el total de lo que adeuda a los “fondos buitre”, pero ese día el país tenía que hacer frente a vencimientos por 3.500 millones de dólares de tenedores de bonos canjeados. Finalmente, el tribunal de alzada dictó una medida de no innovar que suspendió indefinidamente la orden de Griesa y permitió a la Argentina abonar sus compromisos. Si el país pagara el total de la deuda a los demandantes habría problemas con los tenedores de bonos reestructurados, que podrían demandar el pago total e inmediato de más de 20.000 millones, un costo difícil para Argentina aunque cuente con reservas por 45.000 millones de dólares.