Argentina hija de desaparecidos declara en juicio en Italia sobre …

Roma, 26 nov (EFE).- La argentina Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos uruguayos en la Operación Cóndor, declaró hoy en el proceso que se sigue en Italia para esclarecer los crímenes cometidos mediante ese plan represivo de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

Moyano Artigas nació en 1978 en el centro clandestino bonaerense de Pozo de Banfield, donde se encontraban recluidos sus padres, dos militantes políticos uruguayos que, tras la llegada de la dictadura a su país en 1973, se exiliaron en la vecina Argentina.

Ambos pertenecían al grupo anarcosindicalista Resistencia Obrera Estudiantil y fueron detenidos en su casa en Argentina el 30 de diciembre de 1977, momento desde el cual pasaron por distintos centros de internamiento.

En una conversación con Efe, Moyano Artigas dijo que ignora el paradero de sus padres, María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, a quienes nunca conoció.

Su madre dio a luz en el centro de internamiento y un oficial entregó a la recién nacida a otra familia, con la que permaneció nueve años.

"Lo que buscamos es un juicio y un castigo. Tengo 37 años y no sé el destino de mis padres", lamentó Moyano, una de las primeras nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, en 1987.

En el proceso que se celebra en Italia están imputados treinta antiguos militares vinculados a la Operación Cóndor, entre ellos quince uruguayos.

El único de los acusados que se ha personado en la sala del Tribunal de Roma es el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien llegó a Italia tras huir de la justicia de su país.

Para Moyano Artigas, "Troccoli intervino en el aparato represivo uruguayo a partir de 1977 en adelante", cuando las marinas uruguaya y argentina "intervienen conjuntamente y empiezan a hacer operativos para perseguir a los militantes uruguayos en Argentina".

Asimismo, acusó al Estado uruguayo de no ayudar a los damnificados por estas persecuciones y de proteger la "impunidad" de los supuestos responsables.

Moyano Artiga aseguró que su intención es buscar justicia y que, para ello, acudirá a los tribunales que sean precisos.

En este proceso en primera instancia en el Tribunal de Roma están también imputados dos bolivianos, nueve chilenos y cuatro peruanos.

Los bolivianos son el exdictador Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.

Entre los uruguayos destaca el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen y que fue presidente "de facto" de 1981 a 1985.

Además, figuran sus compatriotas Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Pedro Antonio Mato Narbondo y Troccoli.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Los chilenos son Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.

La mayoría de los acusados, de avanzada edad, ha rehusado su participación en el juicio, siquiera por videoconferencia.

En el proceso participan numerosas partes civiles, como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.

La Operación Cóndor orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años ochenta. EFE

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