Argentina ha visto marcada la recta final del año que culmina hoy, con Mauricio Macri abocado a su promesa de "cambio", borrando las huellas del kirchnerismo. Este corto periodo se ha caracterizado por: medidas por decreto, señales liberales en la economía, revisión de contratos estatales y auditorías en organismos públicos.
Pese a las críticas despertadas por la manera de ejercer el poder del nuevo Ejecutivo, desde el insólito nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto hasta la intervención de organismos estatales aún controlados por titulares afines a la ex mandataria Cristina Fernánez, Macri no ha vacilado en aplicar medidas para una transformación del país.
"Está violando la Constitución nacional", dijo hoy el titular del bloque de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), Mariano Recalde, en referencia a la más reciente de estas polémicas iniciativas: la disolución por decreto de necesidad y urgencia (DNU) de los organismos de control de medios y telecomunicaciones, creados por leyes kirchneristas, para crear un nuevo ente conjunto.
Por decreto gubernamental también deberán revisarse en los próximos meses los contratos de trabajadores públicos aprobados por el Estado argentino en los últimos tres años y se ha anunciado que la renovación de miles de empleados temporales será objeto de evaluación.
"Hay un abuso de la utilización de los DNU. Yo no veo ni la necesidad ni la urgencia, porque no se trata de solucionar un problema del Litoral (noreste), por ejemplo, donde hay 20 mil personas afectadas (por inundaciones)", aseveró Recalde en declaraciones a radio Ciudad recogidas por la agencia oficial Télam.
El anuncio de las modificaciones, realizado ayer, provocó ya un enfrentamiento con la Justicia, pese a que el decreto sobre los dos organismos no se publicará hasta la próxima semana. Sin embargo, un magistrado de la provincia de Buenos Aires, Luis Federico Arias, dictó una precautelar para ordenar al Gobierno abstenerse de realizar cambios.
El equipo de Mauricio Macri también anticipó ayer que buscará reemplazar la Ley de Medios (2009), icónica para el kirchnerismo y solo aplicada tras cuatro años de batalla legal con el mayor conglomerado multimedia del país, el grupo Clarín.
La perspectiva de salida inminente de miles de personas del grueso aparato del Estado heredado del kirchnerismo generó este miércoles la primera protesta social contra Macri, convocada por los dos sindicatos mayoritarios de empleados públicos.
Por otra parte, esta semana se iniciaron auditorías en organismos públicos como el Centro Cultural Kirchner, la gestión integral de residuos solidos urbanos, parte de la recaudación de impuestos sobre el suministro de combustible o los servicios de salud para jubilados.
Además, se estudian los fondos transferidos por el Ministerio de Educación a unidades ejecutoras provinciales, la feria Tecnópolis y los planes kirchneristas de ayudas Qunita (para embarazadas) y Sueños Compartidos (viviendas sociales). Menos aún se hicieron esperar los cambios en la economía, que llegaron ya en la primera semana de mandato de Macri.
— El "fin del cepo" —
La transformación más notable para los argentinos fue el fin de las restricciones a la compra de divisas en Argentina, el llamado "cepo" al dólar implementado por el Gobierno de Cristina Fernández en 2011.
Tras la liberación, el tipo de cambio en la plaza oficial saltó el primer día de 9,83 pesos por dólar a 13,95, en lo que significó una devaluación de casi el 42 por ciento, pero posteriormente descendió y se estabilizó en 13,30 pesos.
En este corto tiempo, Mauricio Macri también redujo los impuestos a las exportaciones de soja, el cultivo estrella de Argentina, llevándolos del 35 % al 30 %, mientras las ventas al exterior de carne, cereales como trigo, cebada, maíz y girasol y otros cultivos regionales pasaron a estar exentas de retenciones. Asimismo, las retenciones a las exportaciones industriales fueron eliminadas.
Otro cambio para el bolsillo de los argentinos llegará de la mano de las facturas del gas y la electricidad con el comienzo de 2016, ya que el Ministerio de Energía y Minería ha anunciado el fin de los subsidios estatales al consumo, lo que se verá reflejado en un incremento en las tarifas a los usuarios.
Funte: EFE