Montevideo, 3 oct (EFE).- El Gobierno uruguayo defendió hoy la decisión de autorizar el incremento de la producción de la papelera UPM (Taiwan OTC: 4752.TWO - noticias) y desmintió las acusaciones vertidas desde Buenos Aires al afirmar que cumplió con lo establecido en los tratados bilaterales y la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre este tema.
En una rueda de prensa en Montevideo, el canciller uruguayo, Luis Almagro, respondió a las críticas de su colega argentino, Héctor Timerman, que acusó a Uruguay de negarse a negociar este asunto, plegarse a las directivas de la firma finlandesa, violar la soberanía ambiental argentina e incumplir con los procedimientos establecido por la Comisión Administradora del fronterizo Río Uruguay (CARU).
Además, el canciller también negó que la planta de UPM, situada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, contamina y que sus vertidos incumplen con la legislación uruguaya, tal como afirmó Timerman.
"Recibimos la decisión argentina para concluir el monitoreo conjunto y la solicitud de incremento de la producción y acudir a la Corte de la Haya. De todas las opciones disponibles para una solución, esta no es la que mejor refleja la histórica amistad entre los dos países. Uruguay siempre tuvo voluntad de negociar", afirmó Almagro.
Según el canciller, la presencia del presidente José Mujica en Buenos Aires el pasado lunes y la suya propia al día siguiente fueron "demostraciones del interés por negociar, con propuestas ambiciosas para solventar el desacuerdo".
"Lamentablemente, no fueron aceptadas por Argentina, pese a ofrecer respuesta a los temas que planteaba", indicó.
El ministro respondió así a la palabras de su colega Timerman, para quien Uruguay tomó una decisión "unilateral", que los dejó "descolocados" y sin otro remedio mas que "recurrir a La Haya".
"Nosotros pensábamos seguir dialogando y tratando de resolver este tema entre los dos Gobiernos pero, sin embargo, las presiones que debe haber puesto la empresa fueron de tal magnitud que hizo que esto fracase", dijo el jefe de la diplomacia argentina.
Almagro apuntó que bajo ningún modo su país viola la soberanía ambiental argentina, ya que la autorización que recibió UPM fue tomada en función de las competencias que reconoce tanto la CARU como la Corte de la Haya, y que la decisión se tomó no para defender los intereses de una empresa sino los del Uruguay.
Junto a esto, Almagro denunció las trabas que Argentina puso en el seno de la CARU para negociar la ampliación de producción de UPM, que fue solicitada formalmente en mayo de 2012.
Según apuntó, el uso del mecanismo de consultas establecido en el CARU no tiene "plazos eternos" y Argentina empleó los pedidos de información de forma reiterada para desnaturalizar el carácter temporal de la consulta y transformarla en "un veto implícito".
"Y eso es una flagrante violación de los artículos de la sentencia de La Haya y del CARU", añadió.
Aún así, Almagro apuntó que Uruguay siempre fue "propicio" para la negociación y aún "no considera cerrada ninguna puerta" para negociar "directamente con nuestras contrapartes una solución".
En cuanto a lo dicho por Timerman de que si Uruguay pide ahora una reducción de las emisiones de fósforo de la planta es porque la fábrica contamina, Almagro respondió el interés uruguayo es exigir los mayores estándares internacionales y mejorar la calidad general del río, por lo que se ajustó "a los niveles de fósforo que ya tenía", concluyó.