El Progresar viene a sumarse a un conjunto de políticas de inclusión que se inician desde la gestación misma con la Asignación por Embarazo (establecida en 2011); continúa durante la niñez con la Asignación Universal por Hijo (desde 2009) y se extiende ahora a los jóvenes de 18 a 24 años que manifiesten la vocación de completar una formación educativa con salida laboral.
El acompañamiento del Estado inicia con la Asignación por Embarazo, un programa que les permite a las futuras madres recibir un refuerzo nutricional y sanitario anterior al parto.
Una vez que un chico nace en suelo argentino su familia puede acceder a la Asignación Universal por Hijo, una inclusión que se extiende hasta los 18 años.
Si se cumplen requisitos de escolaridad, vacunación y documentación, un hogar puede percibir por hijo $460, y $ 1.500 si el beneficiario padece alguna discapacidad.
De esta forma, las familias de los sectores populares acceden a la posibilidad de costear gastos educativos y sanitarios desde la niñez hasta la adolescencia.
Y ahora, con el Plan Progresar, los jóvenes que no estudien, estén desocupados o desempeñen tareas laborales no registradas, retribuidas con sueldos que se encuentren por debajo de los $3600 (inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil) recibirán una ayuda económica que les permitirá completar una formación instructiva en cualquier nivel educativo que deseen cursar.
Con el Progresar, los jóvenes de entre 18 y 24 años que reúnan estas características ocupacionales cobrarán $ 600 pesos durante el tiempo en el cual cursen sus estudios.
Así, se espera que este programa alcance a un millón 500 mil jóvenes que volverán a las aulas de la mano de una iniciativa que busca reducir la tasa de desempleo juvenil, que en Argentina alcanza un 18, por ciento.
Aunque Argentina posee una de las tasas de desocupación joven más bajas de la región, situada por dos puntos porcentuales debajo de la que ostenta la Unión Europea, la apuesta es reducirla con la aplicación de una política activa de inclusión.
Con todo, Argentina en diez años redujo un 41 por ciento su tasa de desempleo juvenil con la inserción de 240 mil jóvenes trabajadores que accedieron a empleos registrados.
Un logro que resulta de la conjugación de políticas formativas activas, como el programa de empleo “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, que posibilitó, a partir de 2008, que más de 400 mil chicos asistieran a cursos de capacitación.
El programa Progresar profundiza un camino de inclusión al contemplar una cobertura para más de un millón 500 mil jóvenes, en el marco de un presupuesto de 11.200 millones de pesos, es decir un 0,3 por ciento del PBI.
Con esta política, el país amplia un piso de protección social que se inició en 2005 con el Plan de protección Provisional, la Movilidad Jubilatoria (2006), la Estatización de las AFJP (2008), Conectar Igualdad (2012) y el programa habitacional Procrear (2012).