La expectativa por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que dirima la batalla entre el Gobierno de Cristina Fernández y el grupo Clarín ha abierto una tregua en la puja que ambos bandos mantienen por la aplicación de la ley de medios audiovisuales, que obliga al grupo empresario a transferir licencias excedentes. El máximo tribunal podría decidir esta semana si acepta o no un recurso extraordinario presentado por el poder ejecutivo para definir la cuestión de fondo y concluir una pelea que dura más de tres años. Si lo acepta, se pronunciaría a comienzos de 2013. Si no, el veredicto se aplazará.
El impasse en la creciente tensión se potenció aun más en las últimas jornadas ante la urgencia informativa que planteó la ola de saqueos y destrozos a comercios que se desató entre el jueves y el viernes y que el Gobierno achaca a sectores sindicales opositores que habrían actuado como instigadores de grupos marginales. Los ataques con palos y piedras a locales de alimentos, ropa y electrodomésticos comenzaron en la ciudad de San Carlos de Bariloche, al sur del país, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades y provincias.
La ola de violencia se cobró la vida de dos personas, dejó decenas de heridos -dos de ellos de gravedad- y más de 500 detenidos. Por ese motivo, la pelea entre el Ejecutivo y Clarín -un grupo empresario con más de 200 medios entre canales de televisión de aire, de cable, radio, diarios y revistas-, continúa de fondo, pero con sordina.
El conflicto entre las autoridades y la compañía comenzó a gestarse en 2008 durante el enfrentamiento de Cristina con las asociaciones empresarias del campo que se resistían a un incremento de impuestos a las exportaciones de granos. Algunos analistas sostienen que por efecto de esa disputa, que puso a los medios del grupo en defensa de las patronales del sector rural, el Gobierno avanzó con el proyecto de ley de medios audiovisuales que obligó a los grandes conglomerados a deshacerse de licencias de radio y televisión.
La idea de cambiar la ley era una demanda que mantenían desde hace muchos años sectores de la comunicación alternativa, académicos y dirigentes de izquierda que cuestionaban el hecho de que la norma entonces vigente que regulaba los medios había sido decretada por la dictadura (1976-83). La iniciativa siguió adelante y fue sancionada por el Congreso en 2009. Sin embargo, Clarín mantiene trababa su aplicación desde hace tres años con el argumento de que hay artículos que son "inconstitucionales". En esos tres años el grupo devino en opositor acérrimo.
LICENCIAS EXCEDENTES
En mayo de este año, el máximo tribunal determinó que las medidas cautelares obtenidas por el grupo para no adecuarse a la nueva normativa no podían sostenerse indefinidamente y fijó un plazo límite para que los jueces se pronunciaran hasta el pasado 7 de noviembre. En aquella sentencia, la Corte adelantó su postura sobre la situación de fondo al establecer que no estaban en juego derechos constitucionales como la libertad de expresión, sino solo patrimoniales que, en caso de que el grupo tuviera razón, podrían ser compensados con una indemnización por parte del Estado.
Lo cierto es que cuando el plazo se acercaba, Clarín obtuvo una nueva prórroga de una cámara federal que el Gobierno impugna por considerarla parcial. El Ministerio de Justicia denunció a dos de sus miembros por aceptar «dádivas» del grupo mediático y la justicia penal está investigando.
Una semana después de la fecha límite, no obstante, un magistrado de primera instancia que trabajó a todo vapor para recuperar el tiempo perdido se pronunció por el tema de fondo y le dio la razón al gobierno. Dijo que la ley es constitucional y que Clarín debe cumplirla. La autoridad de aplicación comenzó de inmediato las gestiones ante el grupo para quitarle de oficio las licencias excedentes que no quiso transferir de forma voluntaria. Pero ante una nueva apelación, el Gobierno suspendió el trámite.
Decidido a llevar la disputa hasta el final, el Ministerio de Justicia apeló al 'per saltum', una figura que establece que en casos de gravedad institucional se pueden saltar instancias y llegar directamente a la Corte. Ese es el recurso que ahora los jueces están analizando para ver si, de una vez, se pone punto final a la controversia.