Repsol y Repsol Butano presentaron ayer ante el Ciadi (organismo del Banco Mundial donde se dirimen las diferencias sobre inversiones internacionales) un escrito en el que solicitan el inicio de un arbitraje contra la República Argentina por la expropiación de YPF y de YPF Gas el pasado abril. Ya entonces Repsol notificó al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "la existencia de una controversia" por dicha expropiación, que supone una violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado entre España y Argentina en 1991.
Transcurrido el plazo de seis meses que el acuerdo establece para que las partes intenten llegar a un acuerdo (que terminó el 6 de noviembre), Repsol ha decidido activar un arbitraje que se daba por descontado. Aunque podía haberlo hecho hace un mes, fuentes políticas aseguran que, por razones diplomáticas, la compañía ha decidido esperar a que se celebrase la Cumbre Iberoamericana de Cádiz celebrada a finales de noviembre, para no influir en la posible asistencia de Kirchner a la misma (finalmente, no acudió).
En un hecho relevante remitido ayer a la CNMV, la petrolera que preside Antonio Brufau no avanza aún cuál será el justiprecio que reclamará al Gobierno argentino por la expropiación. Fuentes próximas a la compañía, se reclamará una restitución en especie y una indemnización por todos los daños causados o que puedan causarse a las inversiones de Repsol en YPF.
Según el hecho relevante, "la solicitud de arbitraje contiene los elementos necesarios para poder someter el caso a la jurisdicción del Ciadi y señala, de manera resumida, las cuestiones de hecho y de derecho a ser consideradas". En unos días, el Ciadi procederá a su registro y se lo notificará a las partes que, muna vez constituido el tribunal de arbitraje, deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto. Para Repsol, la expropiación de YPF es una operación "ilícita" y supone una violación del Tratado y el Derecho Internacional porque es "discriminatoria" (solo afectó a Repsol, a la que se le confiscó un 51% del 57% que tenía); no ha sido acreditada "la utilidad pública" por la que el Gobierno argentino justificó la expropiación; no se ha compensado económicamente a Repsol y ni siquiera se le ha ofrecido pago alguno y ha incumplido el Appri hispano-argentino.
Además, ha incumplido la obligación que tenía de lanzar una opa por el 100%, tal como figura en el Estatuto de YPF, para el caso de que estado decidiese tomar el control.
Repsol ha optado por acudir al Ciadi a los seis meses de la expropiación saltándose el trámite de pleitear antes en los tribunales argentinos, tal como establece el Appri. Para ello, y pese al laudo desfavorable a la alemana Daimler Benz el pasado verano por no respetar dicho trámite, alega la existencia de una cláusula de nación más favorecida (que permite eludirlo) y que, según Repsol, se ha aplicado con éxito en muchos arbitrajes y que. El proceso podría durar más de tres años.