Buenos Aires. Una decena de heridos, entre ellos uno grave, y varios detenidos fue el resultado de la represión ordenada por el gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, en un operativo de más 300 gendarmes que actuaron contra trabajadores despedidos que bloqueaban una autopista en reclamo a la empresa Cresta Roja, que este martes se declaró en quiebra.
Se utilizaron camiones hidrantes y hubo además de golpes, disparos de balas de goma.
La vicepresidenta Gabriela Michetti advirtió que así se volverá a actuar y aseveró que la represión a los trabajadores de Cresta Roja en la autopista Riccheri, que une a esta capital con el aeropuerto internacional de Ezeiza, es una muestra de que “el Estado ha recuperado la posibilidad de regular dos derechos que colisionan, el de la libertad para manifestar y el de la libre circulación”.
Recordó que el gobierno trabaja en un “protocolo” para actuar durante las protestas en la vía pública y aunque sostuvo que el Ejecutivo no va a obstaculizar las manifestaciones, dijo que va a intervenir en casos como éste “porque es el único que puede hacerlo. Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a actuar de la misma manera”.
De acuerdo con Michetti, la Gendarmería que avanzó en un primer momento con palos y camiones hidrantes -que hace tiempo no se veían en las calles- estaban demostrando como se puede actuar en una protesta “sin producir situaciones dramáticas de violencia”.
En ningún momento se refirió al uso de balas de goma y a la violencia de la represión.
Los trabajadores denunciaron que tenían entre “entre 10 y 12” heridos, uno de ellos de gravedad, y varios más fueron detenidos. Cristian Villalba, delegado de los operarios de la Cresta Roja del grupo Rasic Hermanos, dijo que los trabajadores sufrieron una “represión brutal” cuando la Gendarmería Nacional liberó la autopista Riccheri y que mientras se estaba negociando para mantener liberados dos carriles, el jefe del operativo le informó que tenía la orden del presidente para desalojar.
Con la quiebra de Cresta Roja más de cinco mil trabajadores quedan en la calle.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien se desentendió de la protesta, dijo que la empresa quedará a cargo de una sindicatura y anunció que este miércoles la justicia definirá pasos para “subsanar la situación de los trabajadores”.
Los diputados del opositor Frente para la Victoria-Partido Justicialista expresaron su “absoluto repudio” a la represión al advertir que “este modelo liberal ortodoxo del presidente Mauricio Macri no cierra sin represión”.
Señalaron que el gobierno prometió a los trabajadores solucionar el conflicto laboral y “en cambio envió a un contingente importante de Gendarmería para reprimirlos. El discurso del presidente Macri invita al diálogo y a la unidad de los argentinos, pero los hechos dicen lo contrario”. Expresaron, en un comunicado, que el presidente “se equivoca si cree que el ejercicio del poder se consigue mediante el uso de la fuerza, reprimiendo los reclamos justos de los trabajadores”.
Y añadieron: “le pedimos que reflexione y que realmente se comprometa al diálogo. Lamentamos que una vez más que la realidad nos esté dando la razón con lo que anticipamos: cuando se gobierna de la mano del mercado, los principales perjudicados son los trabajadores y la única alternativa es la represión de sus justos reclamos”.
En tanto, miles de trabajadores marcharon hacia la Plaza de Mayo en demanda de un bono de fín de año ante la devaluación del peso, que, aseguran, significa una “quita de más de 40 por ciento en nuestros salarios, al dispararse la inflación”. Afirmaron que funcionarios de Economía anunciaron la devaluación durante la campaña electoral, lo que llevó a aumentos en algunos rubros de 300 por ciento, como sucedió en medicamentos. “Ahora dicen que van a rebajar los medicamentos en un cinco por cinco por ciento. es una burla”.
También acusaron que el anuncio del empresario Macri de 400 pesos por única vez para los que tengan la Asignación Universal por Hijos y para las Madres Embarazadas, “con la devaluación que existe es una limosna, después de que todos nosotros, el pueblo, hemos transferido más de 90 mil millones de pesos a unos siete mil productores y se están perdiendo millones con la quita de impuestos a los poderosos y ricos, que estaban destinados a proyectos sociales”.
Más protestas en Buenos Aires
Por otra parte, varios sindicatos estatales están en pie de alerta ya que el gobierno anunció que revisará los nombramientos de empleados desde tres años atrás “para tomar decisiones”. De hecho ya se han producidos miles de despidos, que se harán efectivos a fin de año.
Además del tema clave que significa intentar dejar sin efecto la ley de medios, se está asistiendo a una verdadera persecución contra los escasos programas como el clásico 6-7-8 , una mesa de periodistas que demostraban con información precisa, las mentiras, manipulaciones y falsedades del “poder mediático” en manos de lo que era entonces la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“Es un programa, contra un red de medios, entre ellos los más poderosos del país como el Grupo Clarín que extiende su presencia en todo el territorio, con más de 240 canales de cable”, señalan los periodistas. Varias radios populares están en la mira. Y hay tensión entre todos aquellos que mediante la ley de medios habían podido acceder a radios, y otros como televisoras en el interior del país, cuyo destino ahora se ignora.