La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó todos los planteos del Gobierno nacional contra la medida cautelar que frenó el decreto mediante el cual quedaba anulada la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina de 1991.
La medida comprende a la recusación del Gobierno contra todos los integrantes de la Cámara, el planteo de incompetencia para que el expediente tramitara ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y la habilitación de la feria judicial, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.
El fallo fue firmado por los jueces de feria Graciela Medina, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarinoni, los mismos que habían dictado la medida cautelar que frenó la aplicación del decreto 2552/12 que ordenó la expropiación del predio ferial de Palermo.
Contra esa resolución el Gobierno había recusado con causa a todos los jueces de la Cámara por la denuncia penal que presentó por presuntas irregularidades en la elección de subrogantes, y reclamó la habilitación de feria y el pase de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Sobre la recusación. Los camaristas de feria rechazaron la recusación por considerarla "manifiestamente inadmisible" porque el juez federal a cargo de la denuncia penal, Luis Rodríguez, no se ha expedido aún "por su legitimidad mediante decisión alguna".
Los jueces agregaron que el Gobierno recusó a toda la Cámara solo en los juicios por la ley de medios y Cablevisión, y ahora en la de La Rural, "y en ningún otro de los miles en que es parte el Estado nacional", lo que calificaron como una "opción discrecional" y "abusiva".
"Este temperamento se presenta como una política deliberada para apartar a los jueces naturales, lo que es sin duda inadmisible en uno de los Poderes de la Nación, el que no debe conspirar contra la Administración de Justicia o perturbar u obstruir intencionalmente su apropiado funcionamiento", criticaron.
Sobre el cambio de fuero, la Cámara consideró que esa cuestión debió haber sido planteada ante la jueza Silvina Braccamonte, quien intervino inicialmente en el expediente, para garantizar la "doble instancia" procesal.
En cuanto a la habilitación de la feria, el tribunal recordó que eso ya había ocurrido y que, de hecho, se habían adoptado resoluciones en el expediente durante enero.
El Gobierno sostiene que no es el fuero Civil y Comercial el que debe intervenir, sino el Contencioso Administrativo, ya que asegura que lo que se objeta es una decisión administrativa del Estado. El conflicto sobre la titularidad del predio ferial del barrio porteño de Palermo estalló el 20 de diciembre del año pasado, cuando el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, hizo público el decreto por el que la presidenta Cristina Fernández declaraba nula su venta a la SRA, dispuesta en 1991 por el entonces presidente Carlos Menem en 30 millones de dólares.
Ese precio fue considerado por el Gobierno como muy inferior al vigente en la plaza inmobiliaria, por lo que dispuso la nulidad de la operación de hace más de dos décadas.