De la redacción de El Litoral
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El juez Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de Enrique Omar Suárez, a “el Caballo”, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), en una causa por entorpecimiento del transporte. La medida alcanza a otros dos imputados.
El magistrado ordenó además trabar embargo sobre los bienes de Suárez hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.
Según la resolución, en la causa se investiga una serie de hechos imputados a Suárez, Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo y Jorge Agustín Vargas, consistentes en distintas maniobras con buques, escudados desde el Somu y con la excusa gremial para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial, provocando alteraciones, demoras, gastos y otros perjuicios a empresas navieras.
El diario La Nación recuerda que la causa se originó en la decisión del gremialista de ordenar en seis ocasiones a sus marineros que no remolcaran o impidieran la navegación de gigantescos buques portacontenedores de casi 300 metros, o enormes barcos cargados con más de 8 millones de litros de combustible, con el consiguiente peligro para la navegación, los buques y la seguridad del Puerto.
Suárez es el gremialista a quien Cristina reconoció como “uno de sus favoritos”, en el cierre de la feria comercial que el ex secretario Guillermo Moreno organizó en Angola, en mayo de 2012.
El juez también procesó a Suárez Cardoso, secretario de Sección Cubierta del Somu y colaborador estrecho de Suárez, y a Vargas, secretario de Relaciones Laborales del gremio. Ambos son la voz de Suárez para transmitir sus directivas. Sus bienes quedaron embargados por 3 millones de pesos.
Vargas es uno de los directores de San Jorge Marítima SA, una firma de remolcadores. Los barcos los compró el “Caballo” Suárez a precio de remate a la empresa Smit, que se tuvo que retirar del mercado boicoteada por el Somu, que no le brindó tripulación.
Patrimonio sospechado
Suárez es dueño de un holding de empresas, es accionista de Maruba, la única empresa naviera argentina; otra firma suya es dueña de un campo de 56 hectáreas en Monte Caseros, Corrientes, donde Suárez construye su mansión. En Península Valdés, el sindicato es dueño de una estancia de 17.000 hectáreas que no está abierta al uso de los afiliados.
Su vida de millonario hizo que la Justicia lo investigue ahora acabadamente, pues tras una intervención de la Cámara Federal para ordenar las investigaciones en marcha, se acumularon en el juzgado de Canicoba Corral decenas de causas contra el sindicalista.
Canicoba ya tiene acumuladas 20 denuncias más de otros barcos a los que se les impidió navegar, y además cuenta con investigaciones en marcha que señalan que Suárez presionó a las navieras para reclamarles dinero y que lo depositaran en una fundación del gremio.
Los barcos de las navieras que no depositaban la plata terminaban paralizados en los puertos, ante la negativa de los marineros para hacer maniobras que les permitan navegar.
El problema trascendió a la Argentina y generó denuncias diplomáticas ante Uruguay. En un caso de 2012, el Somu exigió ilegalmente a la empresa Sedaril, armadora del buque Platense que contratara 3 ó 4 tripulantes del sindicato por 35.000 dólares, y que esa plata se la debían pagar al gremio.
Los uruguayos se negaron debido a que los buques de ese país deben contar con tripulación uruguaya. Ante la negativa, el Somu ordenó que no se remolcara al buque cuando pretendió ingresar el 29 de febrero de 2012 en el Puerto de Buenos Aires. El capitán ordenó regresar con el barco a Montevideo para no poner en peligro la nave, la carga y la tripulación. También hubo problemas con Paraguay porque no remolcaban los buques de ese país.