Buenos Aires, 3 Abr (Notimex).- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, libró por el momento la denuncia que había interpuesto en su contra Alberto Nisman, el fiscal que murió cuatro días después de acusarla de haber pactado con Irán la impunidad de terroristas.
Nisman desató un vendaval político el 14 de enero pasado, cuando dio a conocer una denuncia que se convirtió en el primer gran escándalo de un año que será crucial, ya que en octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales que pondrán fin a 12 años de gobiernos kirchneristas.
Las casi 300 páginas del documento del fiscal advirtieron un supuesto acuerdo de Fernández con Irán para concretar el intercambio de petróleo por granos a cambio de que se diera de baja la orden de captura de ciudadanos iraníes implicados en el peor atentado de la historia argentina.
El 18 de julio de 1994, un ataque terrorista ocurrido en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), mató a 85 personas, pero casi 21 años después el caso permanece totalmente impune porque no hay un solo acusado en prisión.
Nisman fue durante 10 años el fiscal designado exclusivamente a la causa AMIA, y en enero sorprendió al concluir que el gobierno había armado un supuesto pacto ordenado por la presidenta y ejecutado por el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales.
El eje del acuerdo, según Nisman, fue el Memorándum que Argentina e Irán firmaron a principios de 2013 y en el cual la república islámica se comprometió por primera vez a colaborar en la causa AMIA permitiendo que se interrogara en Teherán a los acusados.
Con el paso del tiempo, Irán incumplió sus promesas, Interpol mantuvo vigentes las órdenes de captura en contra de los acusados y reveló que Argentina jamás sugirió su eliminación, además de que los negocios denunciados por el fiscal jamás fueron llevados a cabo.
Aunque desde el principio diversos expertos anticiparon que las acusaciones del fiscal carecían de sustento, el expediente se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno, que denunció un nuevo intento destituyente para evitar que Fernández concluyera su gestión.
El escándalo mutó en conmoción el 18 de enero, apenas cuatro días después de haber sacudido a la opinión pública, ya que Nisman apareció muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en un caso que hasta ahora no se ha podido confirmar si fue suicidio o asesinato.
La denuncia del fiscal muerto siguió su curso cuando fue transferida al juez Daniel Rafecas, quien a fines de febrero la desestimó al considerar que no había prueba alguna para sostener la comisión de un delito, por lo que no procedía el inicio de una investigación penal contra la presidenta.
El fiscal Germán Moldes impugnó el fallo de Rafecas, pero a fines de marzo un tribunal confirmó la decisión del juez y además criticó las contradicciones y especulaciones que plagaban la denuncia de Nisman y que calificaron de inverosímil y producto de “ficciones”.
Pese a que la investigación ya fue desestimada por un juez y por un tribunal, el fiscal Moldes ya advirtió que apelará hasta llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar años.
Por el contrario, el gobierno celebró porque la acusación perdió peso incluso ante la opinión pública, por lo que, salvo que ocurra un nuevo escándalo, Fernández se encamina a concluir en tiempo y forma su gestión en diciembre próximo, y sobre todo, sin ser procesada.
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