Buenos Aires.- La ONU debatirá mañana la necesidad de instaurar un nuevo marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas, una iniciativa impulsada por la Argentina que cuenta el respaldo del G77+China.
La implementación de una Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa que busca frenar la embestida de los fondos especulativos de inversión.
El canciller, Héctor Timerman, encabezará la delegación argentina que participará en Nueva York del debate en el ámbito de Naciones Unidas, marco en el que se discutirá y se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco, sobre la pauta inicial de que el nuevo esquema se crearía en un año.
Argentina presentará su propuesta concreta antes de fin de año, dijo Timerman semanas atrás en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de que el G77 diera su apoyo a la iniciativa.
El proyecto plantea que si un país al reestructurar su deuda cuenta con la aceptación del 66 por ciento de los tenedores de bonos, el resto de los acreedores debe aceptar las condiciones como ocurre en el ámbito comercial, planteó Kicillof.
El G77 determinó de forma unánime a fines de agosto elevar al ámbito de Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva convención para el tratamiento de los pasivos de países, un asunto que hasta ahora era delegado por los países al ámbito de organismos como el Fondo Monetario Internacional.
"Si la mayoría vota afirmativamente, en menos de un año la Argentina habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, equitativa -y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los estados miembros de las Naciones Unidas- la posibilidad de reestructurar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades", señaló el canciller argentino.
Esto, "sin que se vea atacado o extorsionado por un grupo de 'fondos buitres' que ponen en riesgo el desarrollo económico social y político de los pueblos que se ven afectados", añadió entonces.
Timerman subrayó que esta iniciativa responde a la situación por la que atraviesa Argentina a partir de las decisiones tomadas por el juez estadounidense Thomas Griesa a favor del reclamo de fondos de inversión especulativos de que el gobierno en Buenos Aires les pague el cien por ciento de los bonos en "default" que poseen, sin recortes.
El ministro de Economía consideró que si la propuesta es aprobada por Naciones Unidas tomará "características históricas" porque "no tiene de ninguna manera un efecto exclusivo sobre la República Argentina sino que por el contrario es un problema que atañe al sistema financiero internacional".
Kicillof señaló que el país sudamericano es un "leading case" en este tema. "No queremos que otro país sufra la misma extorsión. Sería una convención para que esto no pase nunca más", señaló el jefe del Palacio de Hacienda, quien remarcó que "hay un vacío legal y Argentina se encuentra presa de esa condición".
"Hemos recibido la solidaridad de prácticamente la totalidad de los países del mundo. Todos han señalado que se trata de una cuestión que va a complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Un juez y tres millonarios (dueños de los fondos de inversión) están complicando a tal punto las reestructuraciones de deuda internacionales que el 9 de septiembre en Naciones Unidas se tomará el caso argentino como disparador", afirmó el ministro de Economía semanas atrás.
El gobierno argentino anunció que no cumplirá el fallo del juez Griesa, que estableció el pago del país de una sola vez y en efectivo de unos 1.600 millones de dólares, lo que podría disparar demandas del resto de los "holdouts" y del 92,4 por ciento de los acreedores que aceptó las reestructuraciones que lanzó el país en 2005 y 2010 con amplios recortes de deuda.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió en tanto al Congreso un proyecto para cambiar el agente y el lugar de pago de los bonos emitidos en las reestructuraciones, y que prevé también una reapertura del canje de deuda para los "holdouts".
El objetivo es evitar que los fondos que Buenos Aires envíe al Bank of New York Mellon para el pago de vencimientos de deuda vuelvan a quedar congelados por orden de la Justicia estadounidense.