El acuerdo con el Club de París y la solución que se pueda con los fondos buitres son el pasaporte para que el país vuelva a recibir dólares. El mercado se cobra cara la afrenta a sus reglas. Paradoja: Argentina sobrecumple pero no le creen
Por Cledis Candelaresi, Prosecretaria de redacción
En la primavera del 2012 Bolivia volvió a los mercados después de un siglo y lo hizo con un éxito sorprendente. Colocó títulos soberanos por u$s500 millones que los tomadores de deuda le arrebataron de las manos, convalidando una tasa del 4,75% anual en dólares, similar a la que en ese momento conseguía Brasil y, mal que pese en estas latitudes, imposible de conseguir para Argentina.
Resulta ocioso precisar las diferencias de magnitudes entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la nación que hoy comanda Cristina Fernández de Kirchner, bastante más rico a pesar de sus avatares. Pero nada importó a la hora de ofrecer aquellos papeles en la Bolsa de Nueva York: más de doscientos inversores estadounidenses, europeos y latinoamericanos hicieron ofertas de compra por más de u$s4.217 millones.
El prospecto de esos títulos tenía una particularidad, ya que mencionaba la posibilidad de que el Gobierno estatice empresas bajo ciertas condiciones. Cualquiera ahuyentaría a cualquier inversor, financiero o de los otros. No es así.
Finalmente, lo que esos apostadores identificados como “los mercados” reclaman es previsibilidad. Saber cuáles son las reglas y en qué contexto podrían cambiar. A los ojos de quienes desembolsan su dinero para desarrollar un proyecto en el país o para prestarle fondos hay dos cosas decisivas: previsión y respeto por las obligaciones.
Lo paradójico es que, a pesar de la probada voluntad cumplidora de los últimos años, Argentina no consigue el estatus de confiable.
Los mercados no perdonan
El país cometió una secuencia de pecados que lo marginaron de las preferencias inversoras. El riesgo país (la tasa diferencial de los títulos locales respecto de la de Estados Unidos) por encima de los 800 puntos es un termómetro de aquella desconfianza esencial.
El default de la deuda a principios del 2002 o la renuencia a pagar los juicios favorables que tramitaron las empresas foráneas ante el Ciadi y un Gobierno que tiene la presencia de ánimo como para desafiar a las corporaciones son faltas difíciles de digerir. Esta última más que cualquier otra. Con dos reestructuraciones de deuda mediante y un reciente acuerdo con Repsol por la estatización de YPF, Buenos Aires todavía no volvió al redil de los amigables.
El sistema siempre se cobra el desafío de quienes comenten una afrenta. Los castigos son variables en modalidad e intensidad y van desde la negativa a prestar (o a hacerlo a tasas exorbitantes) hasta el embargo de los activos o al bloqueo directo o más elíptico de inversiones (no financiar proyectos de empresas originarias de países acreedores). Por qué no, hasta el quite de visas a los ciudadanos del país que desaira.
Ese esquema de penalizaciones es un dato de la realidad insoslayable.
Es absolutamente cierto que Argentina aplicó una política de desendeudamiento hasta extremos absurdos como el de cancelar de una vez las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, que era una deuda barata, difícil de reemplazar por otra en condiciones tan ventajosas: fue un gesto político y una forma de evitar la incomodidad de los monitoreos. Pero es también cierto que hoy, acuciada por la necesidad de fondos, si no honra las obligaciones que aún le quedan pendientes, no puede aspirar a que lleguen capitales bajo ninguna modalidad. En el marco de esta visión realista se inscribe el acuerdo con el Club de París, el compromiso de pago de las acciones de la petrolera parcialmente reestatizada y los esfuerzos para cerrar el pleito con los holdouts del modo menos lesivo posible.
La amenaza de los buitres
Después de la orden del juez neoyorkino Thomas Griesa de que Argentina pague a los bonistas que no ingresaron ni en el canje del 2005 ni en el del 2010 íntegramente el valor de sus títulos, más los correspondientes intereses, Buenos Aires entró en una zona de riesgo mayor. El próximo jueves 12 se juega una instancia decisiva en este complejo trámite judicial, ya que la Corte de Estados Unidos resolverá si toma el caso argentino y en qué términos lo hace, o si, simplemente, avala aquella temida sentencia.
De ser este último el caso, el 30 de junio, cuando Argentina libere fondos para pagarle a los tenedores de deuda reestructurada a través del Banco de Nueva York, podría ser que ese dinero sea derivado a los holdouts –denominados “buitres”– y, peor aún, que se desencadene el temible proceso de entrar en el default técnico. Esto ocurrirá si, en virtud de la opaca cláusula de pari passu, el país tiene que extender a todos los bonistas la obligación de pagar el 100% de su acreencia original, como si no hubiera mediado una consentida renegociación con quita.
Hay atajos legales para evitar esa desgracia. Una es sugerida por el consultor Daniel Marx y consistiría en que el Banco de Nueva York se niegue a aquella derivación argumentando que el dinero que el tramita “no es de la Argentina sino sólo de los bonistas”. Otra es que si se hace el pago a los buitres, se evite extenderlo al resto de los acreedores con el argumento de que esa operación fue ordenada por la Justicia norteamericana y no algo que dispuso el Estado argentino por propia voluntad.
Por fundada y astuta que resulte la estrategia no evita el riesgo de una debacle en las cuentas externas. El mercado no perdona. Casi como en la mafia: no se puede salir de la organización sin altos costos.