Más allá de los costos operativos de la retención y la humillación que conlleva el caso, el inusual episodio diplomático vuelve a poner en escena a los usureros “fondos buitres” norteamericanos y la trama de dependencia y abdicación de las soberanías que representan las emisiones de deuda de carácter neoliberal.
La Fragata Libertad, con casi sesenta años de servicio, fue retenida el 2 de octubre pasado, en el puerto ghanés de Tema. Se encontraba allí como escala de su misión de entrenamiento de jóvenes marinos argentinos, cuando fue retenida por decisión de un juez local, que acató un pedido del grupo inversor norteamericano NML Capital, con asiento en las Islas Caimán. El objetivo del conocido “fondo buitre” es cobrarle a la Argentina unos cuatrocientos millones de dólares, por los únicos bonos de deuda que la Argentina no logró limpiar en el histórico megacanje que comenzó en 2005, que significan el 7 % de la deuda entonces en cesación de pagos. “Fondos buitres”, por cierto, que han sido desnudados en su accionar y composición espuria por un artículo publicado esta semana en The Wall Street Journal y que hizo decir al embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, que “hoy se pone en evidencia que falsean incluso hasta la nómina de sus afiliados, recurriendo al nombre de desprevenidos dirigentes de asociaciones de granjeros o maestros…”
Actualmente, una delegación argentina de alto nivel, compuesta por los viceministros de Defensa y Cancillería, intenta negociar con las autoridades locales para obtener la liberación del buque. El Gobierno ghanés se manifestó a favor de la posición argentina, pero no parece alcanzar su voluntad, puesto que la decisión judicial se ampara en las particulares cláusulas contenidas en los bonos argentinos impagos.
El Gobierno argentino reclamó por la liberación de la Fragata, amparándose en los acuerdos de la Convención de la ONU sobre los derechos del Mar, que establecen inmunidad diplomática para los navíos militares, tal como existe para las embajadas. Pero sabía el Gobierno nacional que este argumento estaba viciado, y por ello mismo había ordenado en los últimos tiempos que los viajes de la fragata solo tocaran puertos latinoamericanos. Y este problema vale aunque el embajador argentino de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, haya asegurado que “Argentina está dispuesta a llevar el conflicto a los tribunales y a las situaciones internacionales que demande.”
La Convención de las Naciones Unidas recién mencionada establece en su artículo 95 la inmunidad de los buques de guerra que se encuentren en alta mar, estableciendo el artículo 32 lo mismo de forma genérica. Pero la punta del ovillo pudo ser jalonada por los “fondos buitres” al insistir sobre la renuncia a la soberanía y a los tribunales locales contenida en las cláusulas de los bonos de deuda argentina que estos especuladores han comprado en los últimos tiempos, que tienen su origen en la deuda contraída durante la última Dictadura Militar y reestructurada en 1992 bajo el famoso Plan Brady. En aquellos bonos, hoy refinanciados, las cláusulas de entrega de la soberanía se mantienen intactas: la renuncia del Estado argentino solo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público. El esquema se completa con el sometimiento sistemático a la jurisdicción de tribunales de Londres y de Nueva York.
El entuerto diplomático, sin embargo, no admite lectura que exima a las autoridades argentinas. La Armada y el Ministerio de Defensa habían sido alertados por la Cancillería de los peligros que conllevaba para la fragata Libertad anclar en determinados puertos, como el de Ghana. No obstante ello, las advertencias fueron desoídas. Luego de que en las últimas semanas se planteara en paralelo un extenso y complejo conflicto salarial de los suboficiales de la Gendarmería y la Prefectura Naval, el episodio actual se cobró el retiro del Jefe de Estado Mayor de la Armada y el pase a disponibilidad del secretario general naval.
Por torpeza, desidia o motivos inconfesables, lo cierto es que el conflicto tiene como base el desinterés por parte de las autoridades argentinas de cuestionar la legitimidad y legalidad de la deuda pública, refinanciada de gran manera en los últimos años, pero que no ha dejado de ser un vehículo de conflictos y limitantes para el país.
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