El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luís Etchevehere, ratificó que los empresarios nucleados en el Grupo de los 6 van a recurrir a la Justicia para apelar la Ley de Abastecimiento recientemente sancionada.
"Vamos a cuestionarla judicialmente", expresó Etchevehere al término de una reunión del Grupo de los 6 en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El dirigente dijo que el grupo de cámaras va a "trasladar (el tema) a nuestros abogados y le vamos a pedir un dictamen para ver cuál es la mejor estrategia a seguir".
Del encuentro participaron Etchevehere; el titular de la UIA, Héctor Méndez; el de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss: el de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega; el de la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.
"Esto no es ninguna novedad. Ya habíamos dicho antes que íbamos a cuestionar judicialmente la ley si era sancionada", agregó el titular de la Sociedad Rural.
La reunión tuvo lugar horas después de que el secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuviera un cónclave con los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encuentro en el cual les habría propuesto avanzar en conjunto en la reglamentación de la polémica ley.
En un comunicado, que se conoció antes de la reunión del G-6, la Junta DIrectiva de la UIA reafirmó su "rechazo a la aplicación de la Ley de Relaciones de la Producción y Consumo, que constituye una violación a la Constitución Nacional al otorgar una delegación abierta al Poder Ejecutivo".
En el escrito, el cuerpo de conducción ampliado de la central fabril hizo saber que la entidad, "en conjunto con el G-6, está evaluando posibles acciones judiciales a desarrollar".
A pesar de ello, otras entidades que integran el Grupo, como la construcción, el comercio y la Bolsa, que tienen un relación menos áspera con el Gobierno, mantienen una posición más cautelosa sobre el asunto.
La Ley de Abastecimiento fue una medida de 1974, del entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, que habilitaba al Poder Ejecutivo a intervenir en empresas, fijar multas y hasta mandar a la cárcel a empresarios.
Las modificaciones introducidas por Costa eliminaron la pena de cárcel, pero la ley dispone, entre otras cosas, fijar precios máximos, obligar a una empresa a vender en caso de que acumule stock y hasta producir a pérdida, en caso de que la autoridad de aplicación considere que un producto es de necesidad pública.