Se cumplen 30 años de las elecciones en las que recuperamos la democracia, con el triunfo de la fórmula del radicalismo y la masiva movilización de toda la ciudadanía y los partidos políticos.
Podría hacer de esta nota una evocación nostalgiosa o un racconto de anécdotas. No lo haré: no me gusta y estoy seguro que a Raúl Alfonsín tampoco.
Pongamos en contexto aquel 30 de octubre de 1983. La Argentina venía -y el candidato radical lo señalaba en cada uno de sus discursos- de 50 años de constantes irrupciones del partido militar, que lograba por la vía armada el poder que los sectores que representaba no alcanzaban en las urnas.
La dificultad de los movimientos populares de la Argentina para procesar sus diferencias en el marco de las instituciones de la República y la democracia era el caldo de cultivo ideal para el golpismo que nos azotó desde 1930 y constituyó el enorme retroceso colectivo de nuestra Nación.
Llegábamos entonces a 1983 con la necesidad de que la dictadura que se terminaba (la más feroz de todas) haya sido la última. Y ese fue el gran desafío del Gobierno de Raúl Alfonsín. Ninguno de los otros problemas de la Argentina podrían solucionarse si antes no terminábamos con este ya arraigado mal de la opción por el autoritarismo, que hacía que a cada gobierno constitucional lo sucediera un gobierno militar, que tiraba abajo el edificio de la República, el Estado de Derecho y en muchas ocasiones, los avances en materia social.
Y ahí radica el logro sustancial del primer gobierno de la transición democrática: llegar a ser sucedido en el gobierno por otro partido político electo en las urnas por el pueblo. Visto desde la normalidad democrática de nuestros días, parece poco, pero la tarea fue ciclópea.
Para poner fin a la opción por el golpismo, había que hacer Memoria y Justicia por los crímenes de la dictadura, aún cuando el 40% del país había votado por el partido político que defendía la auto amnistía militar, las Fuerzas Armadas conservaban intacto su poder de fuego y la cuestión de los derechos humanos no era una causa común de la sociedad.
Y se hizo lo que no había hecho ninguna transición en el mundo: investigar, juzgar y condenar.
Y se puso en marcha un proceso de democratización institucional del país y de difusión de la cultura de la democracia.
El esfuerzo rindió sus frutos: cada vez que el fantasma del autoritarismo se ciñe sobre nuestro país, el pueblo reacciona ya casi instintivamente en defensa de la democracia de todos.
Somos una Nación que aprendió la diferencia entre la vida y la muerte, y con ello la diferencia entre la dictadura y la democracia. El Gobierno de la transición dejó sentado el marco para discutir los otros asuntos pendientes de la Argentina.
Hoy, que todos entendemos que la democracia es el único método válido para dirimir nuestras diferencias, tenemos que hacer de este país libre un país justo: para eso tenemos que avanzar contra la pobreza que afecta a un tercio de nuestros compatriotas en el país que puede alimentar diez veces a su población y que marca para siempre a millones de niños, que crecen con menores posibilidades; tenemos, con urgencia, que promover una revolución que garantice el acceso igualitario a la educación de calidad; y asegurarle a todos una cobertura universal de salud para que muchos hijos de esta misma tierra dejen de morirse por causas evitables; y promover la solución de los problemas de vivienda que padecen millones de argentinos.
Durante el primer gobierno de la transición cumplimos con creces nuestro objetivo de instaurar una democracia para los tiempos. Ahora, es tarea de todos cumplir con el desafío que nos impone el presente: demostrar que era cierto aquello que repetíamos desde la razón y el sentimiento en 1983 y que nos aseguraba que “con la democracia se come, se cura y se educa”.