“Obviamente, comparto en que si hay una denuncia, el fiscal tiene que investigar; esa es su tarea. Hasta ahora, al Ministerio no nos solicitaron absolutamente nada”, aclaró la funcionaria.
La polémica se inició cuando una cooperativista, Paola Alejandra Ruarte, denunció ante la Justicia Federal al legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer y a la ministra Mirkin. Ruarte sostuvo en su escrito que las tareas y materiales asignados a su grupo eran facturados, pero no ejecutadas. La ministra rechazó tal situación.
Mirkin precisó que la matrícula del programa es otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), y que quien actúa para elevar la documentación de los inscriptos es el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
En su denuncia, Ruarte dijo que en el club Las Américas deberían erigirse obras por un valor de $ 2,6 millones, pero que nunca se hicieron. Mirkin detalló cuál es la situación de la cooperativa que preside Ruarte respecto de ese club. “Esa cooperativa presentó en 2011 una propuesta para ese club. El Ministerio tiene como tarea, por ley, comprar por orden y cuenta de las cooperativas los materiales, herramientas, insumos y ropa de trabajo. En este caso, el proyecto no se realizó y los materiales los tiene el Ministerio a disposición. No se hizo (la obra) porque el club no cuenta con la personería en regla y tampoco tiene la disponibilidad del terreno, ya que según nuestra documentación la titularidad del dominio corresponde al municipio. Por eso, el proyecto fue parado”, dijo. También desestimó los montos de los que se habla: “lo comprado para ese proyecto, y que está disponible, es por $ 243.000 y no más de $ 2 millones como se dice”.
Afirmó que los balances de las cooperativas y todo lo atinente a lo legal son manejados por el Ipacym. Respecto de la vinculación de políticos en el programa, apuntó que el reparto de cupos fue institucional. “La distribución fue institucional, ni ese legislador (por Gassenbauer) ni ningún otro tiene vinculación directa con el programa; sí con personas que integran las cooperativas porque están en los barrios, y entonces están vinculadas con uno o con otro o con ninguno”, sostuvo. Mirkin negó que Ruarte sea empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o del ministerio local, como adujo en la denuncia. “Bajo ningún punto de vista puede ser, porque las condiciones para ser cooperativista no se le permiten”, sentenció.
Fuente: La Gaceta