La percepción de la corrupción en nuestro país registró pocos cambios en 2015. Según el ranking que elabora Transparencia Internacional, la Argentina ocupa el puesto 107° entre 168 países. El primero en el listado -es decir, el percibido como menos corrupto- es Dinamarca; el último lugar lo comparten Corea del Norte y Somalia.
Con 32 puntos sobre 100 posibles, la Argentina empeoró dos puntos con respecto a los 34 que había obtenido en el listado elaborado para 2014. A pesar de ello, mantuvo el puesto 107°, en el que había quedado ese año. Nuestro país comparte la posición 107° con Bielorrusia, Costa de Marfil, Ecuador y Togo.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, opinó que "el cambio de gobierno puede generar nuevas perspectivas" sobre la Argentina, y subrayó que la administración de Mauricio Macri "dio algunas señales" de preocupación por la transparencia.
En la primera posición del ranking tampoco hubo cambios; la mantuvo Dinamarca, con 91 puntos sobre 100. El podio de los países percibidos como más transparentes lo completan Finlandia y Suecia. De este trío privilegiado salió Nueva Zelanda, que en 2014 estaba segunda y pasó al cuarto puesto. Estados Unidos está en el puesto 16, y otro gigante de la economía mundial, China, en el 83.
Este ranking que difunde Transparencia Internacional ofrece un índice (el Índice de Percepción de la Corrupción) sobre el grado de corrupción existente en el sector público de un país. Se elabora sobre la base de una serie de encuestas y evaluaciones que se combinan para definir el índice que cada país obtiene.
El estudio se basa en 12 encuestas, hechas por actores como el World Economic Forum, entre otros. Para el puntaje argentino hubo datos disponibles de siete encuestas.
"Los empresarios, inversores, y expertos alrededor del mundo siguen viendo que la Argentina no hizo nada para mejorar la lucha contra la corrupción durante los últimos dos años. El nuevo gobierno tiene un gran desafío por delante para sancionar leyes y estandarizar prácticas que tiendan a mejorar la transparencia en el sector público", afirmó Secchi.
Leyes
En diálogo con LA NACION, Secchi puntualizó algunas de las leyes y medidas que podrían aportar para que la Argentina mejore en el ranking de percepción de corrupción. "Son importantes la ley de acceso a la información, una ley de protección de testigos que denuncien casos de corrupción -algo que funcionó en Brasil-, la reforma y cumplimiento de la ley de ética pública, y una ley de lobby, que permita el registro de los lobbistas", precisó.
En el escenario regional, la Argentina está muy por debajo de las buenas ubicaciones que cosechan en esta tabla de posiciones Uruguay y Chile, que, en los puestos 21 y 23, respectivamente, son los mejores sudamericanos del ranking. Uruguay mantuvo la posición que tenía en 2014, y Chile bajó dos puestos.
Para Secchi, tanto Uruguay como Chile "tienen apego a la ley", mientras que la Argentina "sufre una anomia en este sentido".
Cuba, Brasil, Colombia, México y Bolivia también aventajan a nuestro país en el ranking. Si bien es visto como más transparente, la situación de Brasil empeoró notablemente en el listado de 2015. El país vecino cayó siete puestos, manchado por escándalos de corrupción como el del petrolão (el esquema de coimas en Petrobras). En el ranking de 2014 figuraba en el puesto 69, mientras que, en el de 2015, apareció en el 76.
Por debajo de la Argentina hay otros países americanos, como Honduras, Nicaragua, Paraguay, Haití y Venezuela. El país que preside Nicolás Maduro es el que tiene la peor percepción de corrupción en toda la región: se ubica en el puesto 158°.
El de Paraguay, a pesar de su mala ubicación en el ranking (está en el puesto 130), es un caso destacable de mejora. En 2014, estaba ubicado en el 150, pero escaló 20 puestos al sumar tres puntos más que en 2014.
"Paraguay sorprendió. Quizás tenga influencia la percepción sobre su presidente, Horacio Cartés, más cercano a los empresarios. Además, en el país se sancionó recientemente una ley de acceso a la información pública", analizó el director ejecutivo de Poder Ciudadano.