Cuando falta menos de dos meses para la 21a Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nuestro país muestra escaso interés en aportar a la solución de uno de los retos más grandes que tiene la humanidad: cooperar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de modo de no afectar la vida en el planeta y sus ecosistemas. Las preocupaciones coyunturales, las elecciones, pesan más.
Entre los documentos firmados en la última Cumbre del Clima, celebrada el año pasado en Lima (Perú) en el "Llamado de Lima para la Acción Climática", se ratificó el compromiso de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero por parte de todos los Estados miembros de la Convención, en función de su responsabilidad, las respectivas capacidades y las diferentes circunstancias nacionales. Allí se acordó, como condición para que la COP21 sea exitosa, presentar hasta octubre del presente año las denominadas Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDC, por su sigla en inglés). Se trata de propuestas donde cada país determina cuáles son sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes y de adaptación a los impactos del cambio climático. La suma global de estos objetivos debe ser suficiente para evitar el incremento de la temperatura más allá de dos grados centígrados, tope de aumento que los expertos consideran seguro para preservar los ecosistemas y no sufrir impactos irreversibles.
En la reciente conferencia celebrada en Bonn (Alemania), donde los negociadores de todos los países celebraron una de las reuniones previas que se realizan para facilitar un acuerdo vinculante en París, se presentó un estudio que revela que las contribuciones presentadas hasta el momento no son suficientes para limitar el aumento de la temperatura global a los dos grados establecido por la ONU. Esto demuestra que las propuestas nacionales deben ser más ambiciosas. Incluso, se propone que cada cinco años los países presenten nuevas contribuciones, asegurando que éstas sean cada vez más exigentes en cuanto a reducción de emisiones.
A unos días de la fecha límite para que cada país entregue su contribución, el ritmo se está acelerando. A fines del mes último, 19 países hicieron públicos sus compromisos para frenar el aumento de sus gases de efecto invernadero (GEI) y hacerle frente al cambio climático. Siete de los diez más grandes emisores del planeta ya presentaron sus compromisos climáticos.
El 28 de septiembre pasado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación anunció cuál será la propuesta que la Argentina presentaría formalmente ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc). El objetivo planteado es la reducción de emisiones del 15% con respecto al BAU (Business As Usual, que implica la continuación de las actividades según el modo habitual) 2030 y un objetivo condicional de aumentar esa reducción a 30% con ayuda internacional. Se trata de una iniciativa muy débil: se colocan, como propuesta de contribución, actividades que ya se están realizando y que incluso resultan controvertidas: las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas y en proceso de construcción aún sin haberse realizado un estudio de impacto ambiental, y plantas de energía nuclear. Poco se alienta a la energías renovables.
La Argentina se encuentra en la lista de los primeros 20 emisores del mundo, aunque siempre se ha escudado en su condición de país en desarrollo para evitar cualquier compromiso. Basta analizar dos aspectos directamente vinculados con el cambio climático: la deforestación y la falta de promoción de energías renovables.
Un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establece que la Argentina está entre los diez países que más deforestan en todo el mundo, con un promedio abrumador de 300.000 hectáreas perdidas cada año. Se trata de una cifra escalofriante no sólo por la pérdida de biodiversidad que ello implica sino porque nos coloca entre las naciones categorizadas como no desarrolladas que más gases de efecto invernadero emiten. La ley de bosques, sancionada para detener los sistemáticos desmontes por la expansión de la frontera agrícola, ha sido un fracaso: la tala ha continuado, incluso la jefatura de Gabinete reiteradamente ha desviado fondos que debían ser destinados a la protección de especies nativas hacia el programa Fútbol para Todos.
En un país reconocido internacionalmente por su potencial para el desarrollo de la energía eólica, se acaba de inaugurar una usina de carbón de 240 MW en Río Turbio, Santa Cruz, una poderosa contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero que aportan al cambio climático.
Vamos en la dirección opuesta a la que debemos ir si queremos contribuir a la preservación del planeta y es difícil pensar que nuestro país presentará un compromiso legítimo con los antecedentes mencionados: tampoco se ha convocado a los sectores que deben promover los cambios hacia una matriz más sustentable ni se prevén mejoras impositivas para promover el desarrollo de energías renovables.
Mas allá de los aspectos puramente ambientales, si se llega a un acuerdo vinculante en París, la Argentina tendrá que adoptar medidas de mitigación verificables. Si ello no ocurriera, es probable que comencemos a sufrir consecuencias restrictivas del comercio exterior como castigo a la huella de carbono de nuestra producción.
Es erróneo el dilema entre crecimiento o acciones climáticas. La transición hacia un modelo de bajas emisiones ofrece múltiples oportunidades para nuestro país y, necesariamente, afrontar el cambio climático nos conducirá a promover un desarrollo sostenible, bajo en emisiones.
Es cierto que se requiere comenzar con un proceso de cambios que van mas allá de la duración de cualquier mandato. Sin embargo, se pueden promover programas de dos y cuatro años de modo que sean políticamente más atractivos y sus resultados puedan mostrase como éxitos de una gestión armónica con el ambiente. Los programas más extensos, cuyos beneficios pueden alcanzarse en un plazo mayor, seguramente despertarán menos interés en los dirigentes políticos, acostumbrados a preocuparse por lo coyuntural. Prueba de ello es la indiferencia de los candidatos hacia la temática ambiental demostrada hasta el momento.
No se puede seguir dilatando la asunción de un verdadero compromiso. El papa Francisco lo resaltó ante el Congreso estadounidense al hacer un llamado dramático a adoptar "acciones valientes" y desarrollar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático, tema que abordó en la encíclica Laudato si', publicada este año.
Ser parte del mundo y contribuir a evitar que se superen los dos grados centígrados antes de fin de siglo nos coloca frente al reto de una descarbonización profunda, que implicará crear un nuevo modelo de crecimiento sostenible y climáticamente seguro.
Se trata de un compromiso ambiental y ético: es imprescindible proyectar a la Argentina hacia un porvenir de bajas emisiones que nos integre a la humanidad y que, al mismo tiempo, aporte a conservar la salud del planeta.