Investigan financiamiento de la campaña de la presidenta de Argentina
Categoría: Internacional
Publicado el Lunes, 08 Septiembre 2014 15:43
Escrito por El Observador Diario
La justicia argentina volvió a impulsar la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, ante las crecientes sospechas de un millonario lavado de dinero. La causa se reactivó en tribunales luego de que la semana pasada una Cámara federal apartara al juez Norberto Oyarbide de la investigación por la llamada “mafia de los medicamentos”, una red que vendía medicinas falsas, adulteradas o vencidas. Buenos Aires, Argentina.-
Oyarbide fue acusado de dictar falta de mérito y liberar a varios de los acusados sin avisarle al fiscal y, sobre todo, sin tener la facultad para ello, ya que el caso lo lleva el juez Ariel Lijo, quien ahora acelerará las indagatorias.
La “mafia de los medicamentos” forma parte de un complejo entramado que estalló en Argentina en el año 2008, cuando se detuvo a una decena de mexicanos que fabricaban metanfetaminas con efedrina que conseguían en el mercado ilegal de medicinas.
El año anterior, Fernández de Kirchner había ganado su primera elección presidencial con el 45 por ciento de los votos, pero meses después Poder Ciudadano, filial argentina de Transparencia Internacional, reveló anomalías en sus gastos de campaña.
Los datos revelaron que el 30 por ciento de los aportes a la campaña oficialista provenían de empresarios relacionados con el sector farmacéutico, pero luego se descubrió que varios de ellos sólo habían servido de prestanombres.
El recaudador de fondos de la campaña, Héctor Capaccioli, fue procesado, ya que, como Superintendente de los Servicios de Salud, había cometido el delito de tráfico de influencias al pedirles donaciones a empresarios a los que debía supervisar.
Ante la falta de controles de Capaccioli, esos empresarios operaron la “mafia de los medicamentos” que, en una de sus vertientes, permitió que narcos mexicanos consiguieran efedrina que traficaban a Estados Unidos, previa escala en México.
El 8 de febrero de 2011, el juez Oyarbide le imputó a Capaccioli el delito de malversación de fondos por casi 48 millones de pesos al considerar que había beneficiado, sin fundamento alguno, a 52 obras sociales.
Sólo 24 horas después, el juez lo acusó, además, de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y lavado de dinero.
Junto con él, también quedaron imputados los responsables financieros y políticos de la campaña oficialista, Hernán Diez y Sebastián Gramajo, pero este año los tres quedaron liberados “por falta de pruebas”, en una sentencia que será sometida a revisión.(Con información de NOTIMEX)