La Asociación de Amigos del Museo Ambato, ubicado en la ciudad cordobesa de La Falda, denunció a Tiempo Argentino que el juez federal del Tribunal Nº 1 provincial, Ricardo Bustos Fierro, se propone dormir la causa abierta contra Matteo Goretti, asesor de Mauricio Macri, acusado por robar piezas arqueológicas millonarias de ese museo en 2008. Y que por eso, en los próximos días iniciarán una campaña pública para reclamar que el hombre PRO sea sometido a juicio oral.
Goretti es un fanático de la arqueología que cuando estalló el escándalo, intentó despegarse del jefe de gobierno porteño para evitar salpicarlo. Pero no pudo ante varias evidencias. No sólo es un viejo asesor del macrismo, sino que además ocupó primero la presidencia de la Fundación Pensar, usina del pensamiento amarillo, y después, una vocalía. Dijo no pertenecer al staff oficial, pero sin embargo repartía a diestra y siniestra tarjetas personales que le abrían puertas, donde chapeaba como personal del Ministerio de Hacienda encabezado por Néstor Grindetti. Su nombramiento fue avalado por la resolución Nº 848 del 30 de abril de aquel año, para desempeñarse como "personal de la planta de Gabinete" de ese ministerio. En esas tarjetas, el acusado daba como dirección de trabajo el "Piso 3, Of. 306" del Palacio de Gobierno, lugar donde se ubica la oficina de prensa. El teléfono y su correo electrónico también referenciaban a la administración porteña.
¿Y estos adornitos? Al experto en cultura precolombina bien podría caberle esa vieja máxima de que si tiene cuatro patas, cola y muge, lo que está enfrente es una vaca. Hace cinco años, en plena búsqueda de objetos "perdidos" de un valor incalculable, Interpol allanó cuatro domicilios suyos, y en uno de la Capital Federal encontró 58 piezas arqueológicas que tiempo antes habían desaparecido del Ambato. Desesperado, manoteó como explicación que "Mi colección fue relevada y registrada en 2007 por expertos designados por la autoridad pública, en cumplimiento de la Ley 25.743. En esa oportunidad informé por escrito a la autoridad de aplicación que la colección se encontraba en el mismo sitio donde sigue en la actualidad, que fue allanado el 18 de abril". Versión que, más que ayudarlo, lo siguió embarrando, porque la norma aprobada en 2003 otorgaba seis meses de plazo para registrar colecciones privadas. Nadie de su entorno explicó por qué esperó cuatro años en hacerlo.
Goretti se encuentra procesado e imputado por infracción a la Ley Nacional Nº 25.743 de protección de los bienes arqueológicos nacionales, proceso que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 cordobés, a cargo de Bustos Fierro. La causa, denominada "GORETTI MATTEO psS. Infracción Ley 25.743", Exp. Nro23-G-12 iniciado el 3 de mayo de 2012, es seguida de cerca por el fiscal Enrique José Senestrari. Hasta ahora, los abogados del asesor PRO, Jorge Anzorreguy y Marcos Juárez, no pudieron contrarrestar las
evidencias que lo comprometen, pero usan como estrategia tirar de la cuerda el mayor tiempo posible, para que la investigación prescriba definitivamente.
En 1997, el juez avaló un curioso pedido a favor de las empresas telefónicas vinculado al balanceo tarifario, que le valió una denuncia por "estafa procesal" del ex diputado socialista Héctor Polino. Estuvo involucrado en un dudoso procedimiento sobre narcotráfico, y también se lo recuerda por su intervención en el caso del "Proyecto Trafic". Se trató de maniobras de contrabando descubiertas por un equipo de investigación de la Aduana, en las que aparecieron como imputados varios empresarios de Renault Argentina. El juez los sobreseyó en dos oportunidades, y la causa aún está abierta gracias a la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones. Un ex empleado suyo, Santiago Houston, fue acusado por realizar escuchas telefónicas a periodistas y miembros de la justicia, pero la causa también languideció. Y en otro escalón de su carrera, bendijo con sus fallos a Carlos Domínguez Linares, un ex asesor legal del gobierno de Formosa durante la dictadura militar. Pero los últimos pasos del juez se relacionan con la comunicación. Por ejemplo, su resolución del 2011 a favor de la empresa Cablevisión, en pleno debate por la
Ley de Medios. El magistrado autorizó un fuerte incremento en el costo del abono. No sólo lo denunció la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, sino además Julio Piumato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Hoy, Piumato se olvidó del tema, ya no es más kirchnerista.
Los defensores de Goretti, Jorge Anzorreguy y Marcos Juárez, interponen excepción de incompetencia por la materia y el lugar, planteo aceptado por el titular del Juzgado Federal Nº 1 Ricardo Bustos Fierro, que ordena remitir la causa a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es apelado por el fiscal federal y la Asociación como querellante particular. En audiencia oral y pública, la Cámara Federal de Apelaciones resuelve por unanimidad rechazar el pedido de incompetencia, y revocar lo resuelto por Bustos Fierro. La defensa de Goretti opone Recurso de Casación, que también se rechaza. La Asociación, como querellante particular, sostiene que la causa ya estaría en condiciones de elevarse a Juicio Oral y Público. Pero hasta ahora, Bustos Fierro no se ha expedido sobre esta cuestión.