Los entre cuatro y cinco millones de inmigrantes sin autorización que se beneficiarían de las acciones ejecutivas anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama tienen ante sí una gran oportunidad, aunque también muchas dudas, preguntas y suspicacias.
A continuación algunos de los obstáculos que enfrentan:
--Los 465 dólares que se deben pagar por solicitud. Hay quienes no tienen ese dinero. Esta tarifa se aplica por persona, no por familia.
--Temor a repercusiones migratorias. Si no se acepta la solicitud de alguien, esa persona podría ser deportada.
--Temporalidad de las medidas, que sólo estarán vigentes durante tres años. Después podrían ser renovadas o no por otro gobierno si no hay una reforma permanente a las leyes de inmigración.
--Falta de información y desinformación entre la comunidad inmigrante
--Imposibilidad de recopilar documentos que demuestren presencia continua en el país durante cinco años.
--Temor a reportar nombres de parientes que están en el país ilegalmente y no pueden acogerse al programa de suspensión de deportaciones.
--Falta de acceso en zonas rurales a centros comunitarios o de ayuda a inmigrantes para poderse informar sobre las medidas.
--Temor a las consecuencias de cualquier arresto, aunque sea por un delito leve. En teoría arrestos por delitos leves no deberían ser sinónimo de deportación, pero en la práctica se han registrado deportaciones tras arrestos por infracciones menores.
--Para los jóvenes, el no poder matricularse en una escuela porque se trabaja. Tener un título o cursar estudios es un requisito para el programa de suspensión de deportaciones de jóvenes.
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