Representantes del nuevo gobierno de Mauricio Macri en Argentina se reunirán el próximo miércoles con acreedores impagos que ganaron un controvertido juicio contra Argentina en Estados Unidos, para tratar de resolver una larga batalla judicial que mantiene al país fuera de los mercados de crédito internacional, dijo el viernes una fuente gubernamental.
Argentina se encuentra en un litigio con fondos especulativos, llamados buitres y condenados por la ONU, que exigen a Buenos Aires aceptar la sentencia de un tribunal federal de Nueva York que orden el pago de unos 1 330 millones de dólares por bonos de deuda en default adquiridos desde 2001.
Aunque el país logró una normalización del 93 % de su deuda pública, el destino del 7 % remanente en manos de acreedores que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, es materia de largas batallas judiciales.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, se reunirá con los fondos de inversión que demandan el pago total de sus bonos, en una disputa que se agravó a mediados de 2014 cuando el país entró en default técnico por una orden judicial emitida por Thomas Griesa, un criticado juez estadounidense que le impidió a Buenos Aires pagar a bonistas que sí aceptaron la reestructuraron su deuda.
Una fuente del Ministerio de Economía informó que el miércoles se llevará a cabo la primera ronda de negociación, en la que también participará Daniel Pollack, el mediador designado por una corte estadounidense para facilitar que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.
Durante todo el año pasado, el Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, se negó a negociar con los fondos llamados buitres por considerar que buscaban extorsionar al país para obtener ganancias excesivas por bonos que compraron a precios muy bajos tras el enorme default de Argentina en 2001-2002.
El presidente Mauricio Macri, un político de derecha que inició su mandato el 10 de diciembre, ya ha modificado mediante decretos muchas de las políticas de la gestión anterior y dijo que resolver el problema de la deuda es una prioridad.
En septiembre de 2014, a iniciativa de Argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución de condena a los fondos buitre “por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos”, estableciendo nueve principios básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas.
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