EFE
En su habitual contacto con la
prensa frente a la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete argentino, Aníbal
Fernández, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Buenos
Aires de autorizar la adquisición de armas Taser X 26.
Las pistolas ahora podrán ser
utilizadas por la Policía Metropolitana, una fuerza de seguridad local creada
por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que encabeza el opositor Mauricio
Macri.
Fernández fue consultado sobre
esa autorización después de que el secretario de Seguridad del Gobierno
argentino, Sergio Berni, afirmara ayer que le parecen "una alternativa
viable".
"Yo no creo que en nuestro
país tengamos que estar tapando la boca a la gente para evitar que diga lo que
piensa", señaló Fernández en referencia a las declaraciones de Berni.
El secretario de Seguridad había
afirmado a Radio Vorterix que "no dudaría ni un segundo" en que sus
policías las utilizaran en algunas zonas, "donde es una locura sacar un
arma de fuego".
Fernández aseguró que le tiene
"mucho cariño" a Berni pero señaló que su punto de vista es
"personal" y no coincide con "la posición del Gobierno"
porque, como jefe de Gabinete, él no aceptaría "bajo ningún punto de
vista" que funcionara "una cosa de esas características".
"Soy el jefe de Gabinete y
algún derecho tengo a plantear este tema con vehemencia, por más que mi amigo,
Sergio Berni, crea que es positivo", añadió.
Fernández insistió en que el uso
de las pistolas "no es para nada positivo" y no sirven para controlar
a la sociedad, sino que suponen "una tortura" y un "gesto
horrible" con los ciudadanos.
El martes pasado, el Tribunal
Superior de Justicia de la capital argentina avaló la adquisición de armas
paralizantes y revocó dos sentencias previas que habían impedido su uso, a raíz
de la denuncia presentada por el Observatorio de Derechos Humanos en 2010, que
las consideró un "elemento de tortura", según informó el portal web
Infojus Noticias, del Ministerio de Justicia argentino.
Los jueces fallaron a favor del
Gobierno porteño al argumentar que "nada permite inferir que las
autoridades locales habrán de valerse de estas armas con modalidades
desnaturalizantes".
No obstante, el Observatorio de Derechos Humanos ya
informó a través de un comunicado que apelará el fallo ante la Corte Suprema de
Justicia de Argentina.