La apelación fue presentada en la madrugada de hoy (última hora del viernes en Nueva York) por el bureau de abogados que maneja el reclamo argentino ante el tribunal que hace dos semanas confirmó el fallo del juez Thomas Griesa que condenó a Argentina al pago y pidió la conformación completa de la Cámara de Apelaciones, compuesta por 13 jueces, para analizar el caso.
En el escrito presentado por el gobierno, según la cita de agencias internacionales, hubo críticas para los camaristas de apelaciones que confirmaron el fallo de Griesa al sostener que esa "decisión comete graves errores legales que magnifican el error de las decisiones anteriores sin precedentes del panel".
En ese sentido, apuntó a una interpretación del principio de pari passu, que reclama el pago a los holdouts similar al de los tenedores de bonos canjeados, al señalar que eso "desafía lo comercialmente razonable". Además, advirtió que puede aumentar "futuras crisis de deudas soberanas".
En su dura crítica al fallo, el gobierno también señaló que "anula el efecto de dos reestructuraciones aprobadas por este tribunal", con referencia a los canjes aceptados por el 93 por ciento de los acreedores.
El fallo de Griesa no fue aplicado ante las múltiples apelaciones del gobierno argentino, a la espera de que la Corte Suprema de Estados Unidos defina si resuelve el caso.
Por otra parte, el grupo de tenedores de bonos canjeados (Exchange Bondholder Group, EBG) que fue admitido como "tercera parte" en la causa, pidió la revisión del fallo a favor de los holdouts al advertir que ello provocaría "un default por 65.000 millones de dólares" de títulos de la deuda reestructurados en 2005 y 2010.
Al respecto, apuntaron que "un default de ese tipo tendría consecuencias devastadoras para el EGB, los tenedores de bonos canjeados, en general, y para la economía mundial y el sistema de reestructuraciones de deuda soberana internacional por completo".
Las apelaciones que presentó Argentina corresponden al segmento del juicio en el que se discute la forma de pago propuesta por el país como contraoferta a la orden de tener que cancelar de una vez y en efectivo 1.330 millones de dólares.