Elecciones primarias locales, provinciales y nacionales, legislativas, al Parlasur, generales y, por último, el inédito balotaje presidencial han convertido este 2015 en Argentina en una megacampaña política. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nadie puede poner una cifra total.
Aunque la falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas no es un problema único de Argentina, la complejidad del sistema, la convivencia de diferentes marcos legislativos y la falta de mecanismos de control complican la tarea de revisar de dónde vienen los ingresos y en qué gastan el dinero las fuerzas políticas.
"Los partidos mienten cuando declaran sus gastos de campaña y subestiman muchísimo los ingresos y los gastos", explica Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano.
No hay, por el momento, datos confirmados sobre lo que está costando la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 22 para el oficialista Daniel Scioli (Frente para la Victoria, FpV) ni para el conservador Mauricio Macri (Cambiemos), ya que los partidos no están obligados a declarar sus números hasta transcurridos dos meses de los comicios.
El Estado aporta unos 18 millones de pesos a cada contendiente (unos US$ 1,8 millones) para gastos generales, como la impresión de las papeletas, pero para la primera vuelta del 25 de octubre, una ayuda pública similar supuso solo entre el 10% y el 20% de los ingresos declarados por los grandes partidos.
"El aporte público es muy pequeño para los partidos grandes pero para los partidos pequeños configura casi el 100% de los ingresos", apunta Secchi. Según un informe de Poder Ciudadano, Cambiemos declaró ingresos para la primera campaña por unos 93 millones de pesos (casi US$ 10 millones) y el FpV por 54 millones de pesos (casi US$ 5 millones).
"El Frente para la Victoria, con una elección de la misma magnitud de publicidad casi que Cambiemos, declara la mitad de los ingresos y gastos, lo cual ya resulta curioso", señala Secchi, aunque la falta de transparencia afecta a todos los grupos.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano estima, de hecho, que tanto los gastos como los ingresos "deben duplicar, o más incluso, lo que declaran los partidos políticos".
La financiación declarada hace solo referencia a lo que duran oficialmente las campañas, es decir, alrededor de 30 días antes de los comicios, pero la "campaña política real dura más de un año", indica Secchi. A los gastos no declarados hay que sumar los incalculables desembolsos del resto de comicios celebrados previamente o en simultáneo a las presidenciales: gobernadores, alcaldes, legisladores...
La coexistencia de dos tipos de regulaciones distintas, provincial y nacional, crea vacíos legales, ya que la normativa regional es más laxa.
"En 21 de las 24 provincias de Argentina no hay control a los informes de gastos de campaña que entregan los partidos", comenta Julia Pomarés, directora del programa de Instituciones Políticas del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Así, si en una provincia coinciden elecciones a gobernador con presidenciales, las campañas se solapan y es difícil identificar el origen del dinero de actos proselitistas conjuntos, cartelería o difusión.
Fuente: EFE