La Fiscalía de la Audiencia Nacional española no ve necesaria la detención preventiva de cuatro antiguos agentes de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por una jueza argentina por su supuesta implicación en crímenes durante el franquismo.
Por ello el fiscal Carlos Bautista pidió hoy que Argentina solicite formalmente la extradición en el caso de las reclamaciones por los cuatro encausados en ese país por delitos como la tortura aplicada a españoles durante la dictadura franquista.
La jueza María Servini cursó la semana pasada, vía Interpol, la orden de detención del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".
La resolución de la juez, de 200 páginas, pedía la detención de los cuatro para que prestaran declaración e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.
Ello en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (hasta 1975).
De los cuatro reclamados, fuentes jurídicas confirmaron que Galván Abascal falleció en 2009 y que ignoran la situación de los otros tres.
Con su escrito de hoy el fiscal Bautista insta al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a plantear a Argentina, a través del Ministerio de Justicia, que reclame formalmente la extradición y la documentación sobre los hechos por los que pide su entrega.
Esos hechos serían constitutivos, según Servini, de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas y sustracción de menores (en el caso de la trama de los bebés robados, que también impulsa la jueza).
Para el fiscal la detención preventiva de los cuatro reclamados no es necesaria, "habida cuenta de la antigüedad de los hechos", que además han prescrito y fueron objeto de una amnistía en 1977,
Se da la circunstancia de que el juez Pablo Ruz ocupa actualmente el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que en el pasado tuvo como titular a Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado.
Garzón intentó investigar sin éxito los crímenes del franquismo y fue juzgado por un delito de prevaricación por hacerlo, aunque finalmente resultó absuelto.
En 1998 el juez Garzón dictó una orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la tortura y muerte de ciudadanos españoles durante su mandato, con argumentos como que ese tipo de crímenes no podían prescribir.
En 2005 el Tribunal Constitucional confirmó el concepto de jurisdicción universal para algunos delitos que el propio Garzón había invocado pero cuatro años más tarde el Parlamento español lo limitó.
Cuando absolvió a Garzón de prevaricación el Tribunal Supremo español argumentó también que la ley de amnistía de 1977 "fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas" y "tuvo un evidente sentido de reconciliación, pues la transición española exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo en sus diferentes posturas".
Casi al mismo tiempo que se pronunciaba el fiscal el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que su departamento había trasladado a la Audiencia Nacional las órdenes de detención de esos cuatro antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad franquistas.
