El acuerdo para intercambiar información tributaria entre la Argentina y Uruguay entró en vigor tras haber sido ratificado por los parlamentos de ambos países.
El convenio establece la asistencia mutua mediante el intercambio de información tributaria relevante para la administración y la aplicación de la legislación interna de cada país. Se podrá también acceder a información sobre bancos, instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades personales, fideicomisos y fundaciones.
Sin embargo, no será obligatorio para ninguna de las partes proporcionar datos sobre la propiedad de sociedades cotizantes en la bolsa, así como fondos públicos o planes de inversión colectiva.
El acuerdo suscrito también incluye entre sus apartes una condición que evita la doble tributación, que es considerada por el gobierno uruguayo como "una garantía importante" para los argentinos que realizan negocios en ese país.
Así, el fisco argentino no podrá solicitar información sobre operaciones pasadas, y sólo podrá requerir datos de ciudadanos y sociedades argentinas involucrados en casos abiertos por la Justicia Penal, no por procesos administrativos abiertos ante sospecha de evasión tributaria.
Históricamente, Uruguay ha sido un refugio de contribuyentes argentinos, cuyos depósitos cuantificaron alrededor de 2300 millones de dólares en bancos uruguayos, según información oficial.
La AFIP había buscado desde hace tiempo lograr el acuerdo para detectar casos de evasión impositiva. El vecino país se vio obligado a firmar varios acuerdos de este tipo y reformar su ley de secreto bancario para salir de la "lista gris" de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que acusó en su momento al país uruguayo de ser poco transparente en el combate de la evasión fiscal..