ANF / La
Paz
La
Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina acusa al empresario
cruceño José Luis Sejas, contratista de YPFB y propietario de la empresa Creta
SRL, de liderar una organización de transporte de estupefacientes en sus
camiones. A raíz de ello la Fiscalía Federal pidió su captura, según informó
el periódico La Razón.
Sejas es
dueño de la empresa de transporte de carga Corporación Regional de Transportes
Asociados (Creta SRL). Según informo el periódico El Deber, el pasado 29 de
junio, se inició la causa en enero de 2014, cuando la Gendarmería argentina
detectó 600 kilos de cocaína líquida (aproximadamente 60 kilos) en un tanque de
combustible de la compañía boliviana desconectado de uno de sus camiones
durante un control en la zona de Salvador Mazza, en el departamento de Orán
(Salta).
Al analizar la carga del cisterna
se pudo constatar que parte del cargamento era tolueno (precursor para elaborar
cocaína) en lugar de alcohol, como se había declarado en Aduanas, según datos
de fiscales.gob.ar.
El
empresario cruceño, estuvo detenido en la ciudad de Orán el 23 de abril, donde
fue indagado por el juez federal Raúl Reynoso, quien, tras analizar la
declaración y el expediente, lo liberó a condición de que se presente cada 60
días en el Escuadrón 20 de Orán.
El 26 de
junio, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal general a
cargo de la Procunar, Diego Iglesias, pidieron ante la Cámara Federal de esa
ciudad el cambio de calificación legal y el dictado de la prisión preventiva
para el empresario boliviano.
La
Procunar presentó un recurso ante la Cámara Federal de Salta que emitió una
resolución que afirma que el boliviano está vinculado a nueve casos de
cargamento de distinto tipo y contenido de estupefacientes, causas que datan de
2011, en las que hasta ahora solo eran acusados los choferes de los camiones.
El
vínculo de Sejas con el delito quedó expuesto "al analizar en conjunto las
causas que parecían ser individuales, lo que ocultaba la existencia de una
organización transnacional delictiva de contrabando de droga”. De acuerdo con
la resolución de la Cámara Federal de Salta, la Procunar presentó las
pruebas colectadas en la causa que sindican al imputado "como autor de la
maniobra de contrabando”.
Sejas es
acusado de organizar una asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al
tráfico de estupefacientes que ingresaban por la frontera de Argentina con
Bolivia con destino a diferentes lugares.
Los
fiscales pidieron que se cambie la calificación dictada por el juez federal de
Orán el 23 de abril, por el delito de contrabando de estupefacientes, en el
grado de partícipe secundario. Iglesias y Villalba solicitaron que el
empresario sea considerado autor de los delitos de contrabando agravado de
estupefacientes, en concurso real con contrabando, doblemente agravado por
tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación
de documentos adulterados ante la Aduana.
Con ese
cambio, el empresario, titular de Creta SRL y dueño de una flota de 90
camiones, debería ser detenido preventivamente.
Además,
Sejas incumplió con las pautas de conducta que le había impuesto el juez
Reynoso, al dejarlo en libertad el 25 de abril. Cada 60 días debía presentarse
en el Escuadrón 20 de Orán. El primer plazo venció el 25 de junio y Sejas no se
presentó, por lo que "el Juzgado Federal N° 1 ya pidió su captura
internacional”, según informa el periódico argentino El Tribuno, de Salta.
Entre otros casos, el 14 de mayo, al menos 180 kilos de cocaína de máxima
pureza fueron decomisados de un camión de transporte de combustible que había
ingresado a Argentina por la zona Salvador Mazza. Éste pertenecía también a la
empresa Creta SRL.
Según el
periódico La Razón, pese a los antecedentes señalados, la empresa de Sejas y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un contrato de
servicios para Transporte Internacional y Logística de Diésel Oil e Insumos
Aditivos, el 25 de enero de este año.
Tomás
Monasterios, diputado de Unidad Demócrata (UD denunció el 2 de julio que una
empresa de transporte contratada por la estatal petrolera fue encontrada con
droga en Argentina, en varias ocasiones, y su propietario, incluso habría sido
detenido en el marco de una investigación.
El
presidente de YPFB, Guillermo Achá, señaló ese día que la empresa tiene más de
41 corporaciones de transporte trabajando a su servicio y que los delitos que
pudieran cometer son de su responsabilidad.
Según la
fotocopia de una nota enviada el 25 de mayo por el presidente de YPFB,
Guillermo Achá, al entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz bajo la referencia
"Empresa de Transporte Creta SRL.”, se indica que según publicaciones en medios
argentinos, se "tomó conocimiento de que varios camiones cisterna” de la
empresa "se han visto implicados en tráfico de narcóticos”, por lo que se pidió
informes a la firma.
Por su
parte, el empresario cruceño cuestionado indicó que las acusaciones son
infundadas al no ser el conductor de los camiones utilizados en el tráfico de
drogas. Aclaró que no son nueve casos por los que se le acusa, son "solamente
seis”.
"No soy
dueño del camión, no soy el chofer, no soy absolutamente nada, solo soy el
porteador (intermediario)”, declaró a La Razón el empresario sobre las
denuncias presentadas por Diego Iglesias, fiscal general de la Procunar.
Indicó
que no hay ninguna orden de captura en su contra y que su inasistencia al
Escuadrón 20 de Orán, en Salta, Argentina, tuvo el justificativo médico
correspondiente presentado el 18 de junio. "No, no hay ninguna orden de aprehensión
(...). Presenté el justificativo médico a la Fiscalía de Orán, como
corresponde”, indicó.
En el
caso del camión que transportaba 600 kilos de cocaína líquida, señaló que el
chofer del motorizado "envió una carta a la Fiscalía” de Orán para desvincularlo
de cualquier ilícito realizado.