El Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), confirmó hoy que el próximo día 15 comunicará su decisión sobre la fragata "Libertad", el buque escuela de la Armada Argentina retenido en Ghana desde el pasado 2 de octubre a petición de un fondo de inversión.
El presidente del Tribunal, el japonés Shunji Yanai, abrirá la sesión a las 14.00 GMT, para proceder a la lectura de la decisión de esa cámara, máxima instancia internacional en derecho del mar, tras la demanda presentada por Argentina a mediados de noviembre para la liberación del buque de su marina.
La Fragata quedó retenida en el puerto ghanés de Tema un día después de atracar en ese país africano, por orden de un juez de la capital, Accra, y en respuesta a una demanda de embargo de los fondos de inversión NML Capital, calificados por Argentina de buitre.
Ambas partes, la ghanesa y la argentina, expusieron sus argumentos en dos sesiones públicas, el 29 y el 30 de noviembre, sin que se produjera un acercamiento de sus respectivas posturas.
Argentina insistió en su exigencia de liberación inmediata, cuestión que Ghana rechazó y exigió, además, que el país sudafricano corra con los gastos del proceso.
Ante el Tribunal, Argentina defendió que un buque militar, como es el buque escuela de su Armada, no es embargable, de acuerdo al artículo 290, párrafo 5, de la Convención de la ONU del Derecho del Mar.
Ghana se remitió a la independencia del poder judicial y argumentó que sus autoridades no pueden levantar ni derogar la orden emitida en su momento por un juzgado de Accra, que motivó la retención de la fragata, con más de 300 tripulantes a bordo.
Tras un tenso compás de espera, fueron evacuados 281 miembros de la tripulación, a finales de octubre, mientras que sigue a bordo una dotación mínima de unos 44 marinos, incluido el capitán.
La fragata Libertad quedó inmovilizada en Ghana en virtud de una demanda de los fondos NML Capital para el pago de bonos soberanos que se instruye en Nueva York, pendiente desde finales de 2001.
Este litigio discurre en paralelo al conflicto judicial entre Argentina y esos fondos, que no aceptaron sumarse en su día a las reestructuraciones de deuda y que Buenos Aires califica de especulativos o "buitre".