La Cámara Alta logró la media sanción para el acuerdo con Repsol por 42 votos a favor y 18 en contra, más 8 abstenciones. El debate sobre la iniciativa del acuerdo del Gobierno nacional y la petrolera por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF deberá pasar ahora por Diputados.
El Senado debatió el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que respalda el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y la petrolera Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y dio media sanción al proyecto de ley que ratifica el acuerdo firmado.
El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
La iniciativa será ahora girada a Diputados, donde deberá estar aprobado antes del 30 de abril.
Al cierre del debate por el acuerdo YPF-Repsol, el senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que tanto las privatizaciones de Aerolineas como la de Repsol "merecían una revisión". "Hasta críticos del Gobierno reconocen la mejora de YPF", agregó.
Por otro lado, el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, anunció que denunciará penalmente al Tribunal de Tasación por el dictamen sobre el valor de las acciones de Repsol, del que opinó que se hizo “a mano alzada”.
Al recordar el apoyo de su bloque a la recuperación estatal de la petrolera, el radical reconoció que “si se expropia, se paga”, pero se alzó en contra del criterio de valuación de las acciones de Repsol.
Antes, el presidente de la comisión de Energía de la cámara alta, Guillermo Pereyra (MPN) aseguró que el acuerdo entre el gobierno nacional y la petrolera Repsol "abre las puertas a las inversiones externas", al sostener que se trata de "un paso importantísimo" en ese sentido.
Al iniciarse la sesión, el senador nacional del MPN sostuvo que "tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país, de que de una vez por todas tengamos un horizonte distinto en materia energética".
En el acuerdo firmado con Repsol, el Gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre Argentina y la petrolera española fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre último luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
Por su parte el senador nacional Aníbal Fernández afirmó que "en ningún caso la petrolera española Repsol podrá recibir más de 5 mil millones de dólares", por la expropiación.
Fernández precisó que el "acuerdo amigable implica desistimientos mutuos de las causas iniciadas en tribunales internacionales", de las cuales indicó que fueron "19 iniciadas por Repsol, nueve de particulares y tres de Repsol contra terceros".
A su vez, señaló que "la Argentina se compromete a desistir de una denuncia contra el ex presidente de Repsol-YPF", el español Antonio Brufau, y de accionar contra la empresa ibérica por su gestión en la petrolera argentina.
Por otra parte, el senador kirchnerista defendió el cálculo del Tribunal de Tasación de los pasivos contingentes y recordó que Repsol reclamaba por las acciones expropiadas en junio de 2012 el pago de 10.500 mil millones de dólares, lo cual luego en el acuerdo se fijó en 5 mil millones de dólares.
"Si hubiera habido una tasación previa a esta tasación, Repsol podría haber exigido el pago en efectivo y seguir el litigio", remarcó Fernández en el recinto al exaltar la conveniencia del acuerdo con la petrolera española.
En tanto el senador nacional Fernando Solanas (UNEN) dijo que "ningún gobierno desde (Carlos) Menem en adelante fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento de los contratos". Y agregó que "estamos ante un dibujo, una suerte de tomadura de pelo a todos porque se está hablando de 5 mil, 6 mil millones en bonos "que serán descontados del bolsillo del pueblo argentino hasta el 2033".
Por su parte, el senador “Nito” Artaza expresó su rechazo al acuerdo entre el Gobierno Nacional y Repsol al señalar que “se trata de un sobreprecio que se va a pagar de forma apresurada respondiendo a un acuerdo privado del gobierno con la petrolera”.
Asimismo, Artaza señaló: “Los mismos que en su momento estuvieron a favor de la privatización de YPF hoy nos vienen a pedir que paguemos un sobreprecio para firmar la estatización. ¿Pero qué va a pasar en 20 años? ¿Nos van a pedir de nuevo que privaticemos? Hay que detenerse en estas contradicciones porque nos están costando muy caro a todos los argentinos y están acrecentando nuestra deuda pública. Los 5 mil millones que hoy se quiere pagar a Repsol no lo va a pagar el Gobierno, lo vamos a pagar todos los argentinos”.
El senador socialista Rubén Giustiniani, responsable del interbloque de centroizquierda en la Cámara alta, adelantó hoy, el voto en contra del acuerdo YPF- Repsol porque “sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación”, afirmó.
Tras sostener que el Poder Ejecutivo “hoy justifica pero no explica, el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”, sostuvo, Giustiniani calificó como "grave" e “inaceptable” que se desconozca el pasivo ambiental.
En tanto, la senadora nacional Rosana Bertone (FpV) defendió el pago a la empresa Repsol al considerar que “se prevé una compensación adecuada y justa” por la expropiación de YPF. “Habiéndose logrado este acuerdo podremos avanzar en el plan de inversiones de YPF”, destacó Bertone, expresidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
La fueguina enfatizó que “hoy YPF vuelve a convertirse en un actor preponderante” y ponderó la gestión de Miguel Galuccio, al expresar que “ha demostrado confianza a todos los argentinos que han comprado los bonos de YPF para realizar un ahorro y también para capitalizar a la empresa”
El 28 de marzo próximo se reunirá la Junta de Accionistas de Repsol en Madrid, para terminar de refrendar el acuerdo.
Entre las condiciones previstas para que el acuerdo alcance "plena eficacia", Repsol tiene como fecha tope al 7 de abril próximo para que la Junta General de Accionistas ratifique el entendimiento.
La deuda que emitirá Argentina para el pago por la expropiación estará compuesta por 3.250 millones de dólares en un nuevo bono denominado BONAR 24, con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones en Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 millones en título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%.
La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal estará compuesta por hasta 400 millones de dólares en Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones en Bonar X y hasta 300 millones de dólares en Boden 2024.
El entendimiento contempla que en caso de controversia o diferendo, las partes se someterán al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), ya que el acuerdo se encuadra en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y Argentina.
La propuesta argentina a Repsol se basó en la Ley Nº 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera que en sus artículos 7, 11 y 12 estableció la expropiación del 51% del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los procedimientos que marca la Ley Nº 21.499 de Expropiaciones.