WASHINGTON.- En el mayor de los sigilos, el gobierno de Cristina Kirchner empezó a mover piezas para intentar el traslado a la Argentina de la reconocida Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace medio siglo funciona en esta ciudad como parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque con autonomía propia.
Las gestiones fueron confirmadas a LA NACION por tres fuentes de ese organismo. "Hemos recibido requisitorias de la Argentina y las hemos respondido", confirmó el secretario ejecutivo de la entidad, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, cuando este diario lo consultó al respecto. El funcionario no dio más precisiones.
Otras fuentes dieron detalles de lo que ha venido sucediendo. Revelaron que funcionarios de la Cancillería, que encabeza Héctor Timerman, iniciaron gestiones para determinar "qué es lo que haría falta" para acomodar a la Comisión en la Argentina. La operación no responde a un pedido de la CIDH ni tampoco de otros países. Según se indicó a LA NACION, la movida refleja "una pretensión de agenda" del gobierno de Kirchner.
"Si la Argentina pretende llevarse la Comisión, tendrá competencia. Costa Rica y Panamá también han dado señales de querer dar batalla si la ofensiva crece", dijo a LA NACION el representante diplomático ante el organismo de un país vecino.
El planteo suma tensiones en momentos en que desde ciertos sectores, liderados entre otros por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se reclama "darle más fortaleza" al organismo.
Dentro de diez días se desarrollará en esta ciudad una reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA. Lo que está claro es que si Timerman aspira a poner el tema sobre la mesa, no las tendrá todas consigo. "México se opone a un cambio de sede, por varias razones. Pero, además, se opone a que sea tratado en la reunión de cancilleres del próximo 22", adelantó el representante del país azteca ante el organismo, Joel Hernández.
Los movimientos en favor de una mudanza fueron motivo de comentario en las recientes deliberaciones del Consejo Permanente. "¿Qué es esto de que quieren cambiar la sede de la CIDH", preguntó, por caso, la argentina Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El sondeo coincide con la prédica de Ecuador, Venezuela y Nicaragua en el sentido de que la CIDH se ha convertido en un "agente del imperio" y que sus procedimientos están "fuertemente presionados" por los Estados Unidos.
En las últimas décadas, los Estados Unidos y Canadá figuraron como los principales aportantes de fondos para la CIDH. Hace una semana, fueron por primera vez desplazados por la Argentina, que decidió un aporte extraordinario de 400.000 dólares.
A Ecuador, en tanto, que clama por la "reforma" del organismo, sólo se le registró un aporte cercano a los 1500 dólares en los últimos tres años, según dijeron a LA NACION.
Los sondeos de la Argentina de cara a un posible traslado incluyeron consultas oficiosas con otras cancillerías de la región para constatar qué acogida tendría la idea. "A nosotros nos abordaron durante la reciente cumbre del Celac", dijo una fuente diplomática. Se refería al plenario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizó en enero pasado en Chile y de la que participó la Presidenta.
En forma paralela, funcionarios argentinos viajaron a esta ciudad para averiguar "qué comodidades" necesitaría la CIDH para instalarse en nuestro país.
La CIDH dio respuesta "punto por punto" a la inesperada requisitoria. Entre otros aspectos, precisó que necesitaría albergar cerca de cien personas -entre 65 empleados, más pasantes temporales y asesores-, así como relocalizar un archivo "con cerca de 20 millones de documentos".
Necesita, también, dar respuesta a una serie de necesidades que hoy están cubiertas por la estructura de la OEA. Entre ellas, vigilancia, seguridad, sistemas de computación y funcionamiento. El eventual traslado supondría, además, dar respuesta a una serie de dilemas técnicos y jurídicos. Entre ellos, el hecho de que el estatuto que dio creación al grupo establece que su sede funciona en Washington.
Otro de los dilemas -y no menos incómodo- es la cláusula que establece que su secretario ejecutivo forma parte de la Secretaría General de la OEA, que también funciona en esta ciudad. "Sería como pretender que la persona en cuestión esté en dos lugares al mismo tiempo", escuchó LA NACION.
Si bien falta mucho aún, una de las hipótesis sobre una eventual sede sería el edificio de la ex ESMA..