Aníbal Fernández: "El acuerdo se cae si no hay interrogatorio"
Gerardo Morales: "Pueden caer los pedidos de captura"
Preguntas clave de un proceso complejo
La oposición, la AMIA, la DAIA y las organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas del atentado le señalaron al canciller Héctor Timerman las graves imprecisiones legales del memorándum. Pero el debate y también algunas frases del propio canciller pusieron al desnudo que el Gobierno negoció un tratado que puede tener serias consecuencias.
Los aspectos cuestionados por los legisladores y familiares son claros y puntuales: el acuerdo no autoriza al juez a "indagar" a los sospechosos conforme con la ley argentina, sino a "interrogarlos". El juez federal Rodolfo Canicoba Corral debería haber sido invitado al Senado a exponer su opinión sobre el tema; la Comisión de la Verdad emitirá dictámenes que no serán obligatorios, pero que limitarán la actuación de Canicoba Corral; Irán obtendrá un beneficio inmediato porque Interpol levantará las capturas internacionales, y el convenio será un "punto final" que consagrará la impunidad.
Timerman y los senadores Miguel Pichetto y Aníbal Fernández trataron de justificar lo que es difícil de explicar: afirmaron que el acuerdo brindará a la justicia argentina una nueva herramienta para destrabar una causa que está paralizada; que el juez podrá tomar los "interrogatorios" en los términos de la ley procesal argentina -algo que la letra del acuerdo no dice-, y que los países centrales de Occidente están empezando a negociar con Irán.
También dijeron que es habitual que otros jueces, como Ariel Lijo con el caso Siemens, tomen indagatorias en el exterior.
Lo que ocultaron fueron las diferencias del caso Siemens con el de la AMIA : Lijo, en Munich, tomará una "indagatoria" a los seis sospechos, aplicando la ley argentina, y la justicia alemana tuvo un rol esencial para desentrañar la ruta de los sobornos. Las diferencias con Irán son enormes.
Pero lo más importante pasó por otro lado: Timerman, en forma casi disimulada, fue deslizando algunas pistas sobre cómo se llegó a este entuerto.
En efecto, desmintiendo lo que había afirmado con anterioridad, admitió que el acuerdo no obliga a los funcionarios iraníes a sentarse a declarar. Reconoció que se negoció con Irán, no con Suecia u otro país, como un modo de justificar las dificultades; y aseguró que el acuerdo no implica que "el Gobierno confíe en Irán" -entonces, ¿por qué confía en que el tratado servirá para algo?-.
Pero hay un aspecto legal, casi imperceptible, aunque no superfluo, que muestra las limitaciones de la Argentina para negociar un mejor acuerdo.
Habría bastado que el acuerdo agregase apenas unas pocas palabras -"el juez podrá interrogar a los sospechosos en los términos de la ley argentina"- para diluir todas las críticas. Pero el acuerdo firmado no las incluye ni Timerman pudo prometer una nueva negociación.
Sin una frase semejante, es muy grande el riesgo de que Irán pueda burlar a la justicia argentina y que el crimen siga impune..
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