El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) , que dirime conflictos entre empresas y Estados, aceptó la demanda que presentó la petrolera española Repsol en contra de la Argentina por la expropiación, en abril pasado, de un 51% de las acciones que poseía en YPF, informó ayer el organismo del Banco Mundial.
La aceptación "a trámite" del planteo de la compañía ibérica, que reclama un resarcimiento de US$ 10.500 millones, ocurrió dos semanas después de la presentación y coloca a la Argentina como el país con más denuncias ante los órganos arbitrales, con casi medio centenar. Está en un nivel similar al de Venezuela.
La demanda fue presentada formalmente por Repsol y Repsol Butano luego de transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó a la Casa Rosada de la existencia de la controversia.
Según el procedimiento previsto, el Ciadi informó a las partes que tienen hasta 30 días para nombrar un árbitro cada una para conformar el panel de tres personas que analizará el tema.
Repsol cuenta con tres estudios jurídicos que la asesoran en esta avanzada: en Washington, donde funciona el tribunal; en Madrid y en Buenos Aires. Se trata de los bufetes Freshfields Bruckhaus Deringer, Uria Menéndez Abogados, y Marval, O'Farrell Mairal, respectivamente.
En medio de acusaciones de falta de inversión, la presidenta Cristina Kirchner anunció la estatización de la empresa YPF en abril.
Durante el primer mes, su gestión estuvo a cargo de la intervención liderada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Ambos cedieron, a su turno, su lugar a Miguel Galuccio, que hoy conduce la compañía.
Repsol inició medidas legales no sólo contra la Argentina. Por ejemplo, asentó una demanda contra la norteamericana Chevron en los tribunales de Nueva York. La petrolera anunció el miércoles pasado, junto a YPF, la firma de una carta de intención y la puesta en marcha de un período de negociaciones exclusivas para definir un acuerdo que habilite la exploración y explotación conjunta de una porción del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (más información en página 3).
Durante la conferencia de prensa que sucedió al anuncio, el representante para América latina y África de la petrolera norteamericana, Ali Moshiri, relativizó las acciones legales de Repsol, que advirtió que recurrirá por la vía judicial a todas las empresas que sellen acuerdos con YPF. "No nos preocupa una posible acción legal de Repsol. El problema con Repsol es irrelevante. No interferirá en una relación con YPF que tiene 50 años", señaló al respecto.
El objetivo ibérico
Repsol intentará en el Ciadi que la Argentina le pague "un precio justo" por la quita de los activos de YPF. La empresa ibérica calificó de "discriminatoria" la decisión del gobierno argentino, dado que sólo afectó a su porción accionaria (la familia Eskenazi, que tenía otra parte, no sufrió la estatización).
Los abogados de Repsol también insisten en la inexistencia de una tasación por parte de la Argentina. Hasta que no se salde esa cuenta, los especialistas sostienen que más que de una estatización se trata de una confiscación de activos.
De acuerdo con los abogados de Repsol, la Argentina incumplió el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y la Argentina, suscripto en octubre de 1991.
Historia de desencuentros
Las idas y venidas luego de la confiscación de YPF
La expropiaciónLuego de varias insinuaciones, la presidenta Cristina Kirchner anunció el 16 de abril de este año que enviaría al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol en la petrolera YPF.Demanda judicialLa decisión cosechó el rechazo del gobierno español. Poco después, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, anunció que la empresa buscaría un resarcimiento de US$ 10.500 millones. También anticipó que presentaría un reclamo ante el Ciadi, tribunal del Banco Mundial..