La Cámara de Diputados debatirá pasado mañana el proyecto de ley que estatiza el servicio ferroviario y otorga al Estado la “plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional”, en el marco “del proceso de transformación inédita” que viene implementando el gobierno nacional para “fortalecer y mejorar el sistema ferroviario” en todo el país.
El proyecto recibió dictamen el martes pasado en el marco de un plenario de comisiones de Transporte, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas, que contó con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien puso de relieve que la iniciativa apunta a “consolidar un proceso, una transformación inédita en materia ferroviaria”.
ALCANCE DEL PROYECTO
“Se trata de entender como una ecuación social y no económica está asociada al progreso de Argentina y a la vida de miles de pueblos desaparecidos a partir del abandono de una política ferroviaria”, reflexionó el ministro al explicar los alcances del proyecto ante los diputados.
El dictamen de mayoría contó con las firmas del Frente para la Victoria (FpV), sus habituales aliados, y de algunos bloques opositores como el Frente Renovador, la UCR y el PRO, que anticiparon su respaldo al texto, en el marco del plenario, luego de que el oficialismo aceptó algunas de sus propuestas para modificar el articulado original.
La iniciativa recibió dictamen luego de tres plenarios de comisiones, en los que además del ministro del Interior y Transporte, expusieron especialistas y referentes sindicales del sector ferroviario, quienes en su mayoría anticiparon su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo.
De esta manera, se descuenta que el proyecto –cuyo envío al Congreso fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo pasado al inaugurar las sesiones ordinarias del Parlamento– será aprobado en el recinto con un amplio respaldo en la sesión prevista para el próximo 8 de abril. “Este proyecto tiene por objeto la recuperación definitiva de la administración de los ferrocarriles por parte del Estado, partiendo de la idea central de que el mismo puede gestionar incluso de una manera más eficiente que los privados”, remarca la propuesta enviada por el Ejecutivo en los fundamentos.