UNA NUEVA administración se iniciará en Argentina el 10 de diciembre próximo. Se espera, más allá de quien gane la elección, que el gobierno entrante concentre importantes ajustes económicos en su primera etapa, para enfrentar los graves desequilibrios que serán la herencia económica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En materia fiscal, se llevó el peso del gasto público desde 23% del PIB en 2007 hasta el 37% esperado en 2015. El mayor impacto de los impuestos, que han subido desde 24% del PIB en 2005 hasta el 30% proyectado para 2015, resultó insuficiente, y el fisco pasó desde un superávit de 1,8% del PIB en 2005 hasta un déficit de -7% del PIB proyectado para 2015. La deuda pública alcanzó al 45% del PIB en 2014. Si se mide el PIB corrigiendo por la sobrevaluación oficial del peso, sin embargo, se estima que la deuda pública alcanza al 60% del PIB.
El gobierno saliente ha logrado evitar una crisis financiera mayor a través de la puesta en práctica de múltiples medidas heterodoxas, pero, junto al deterioro fiscal, deja una alta inflación, un fuerte desequilibrio cambiario y múltiples restricciones e intervenciones en el funcionamiento de los mercados que dañan gravemente su potencial de crecimiento. Según la proyección más reciente del Fondo Monetario Internacional, Argentina va encaminada a una caída de su producción de -0,7% en 2016, consecuencia del mal manejo, en grado superlativo, de su economía.
La corrección de los desequilibrios supone fuertes costos políticos, pero habrá ajustes, al menos parciales, pues se ha agotado el recurso al financiamiento del Banco Central, de la Seguridad Social y, últimamente, del sistema bancario, que encontró atractivo prestarle al fisco en instrumentos reajustables según el tipo de cambio, cuando se anticipa una corrección cambiaria mayor.