En Argentina, las cárceles están al tope. La segunda certeza trae algo de alivio: no presentan serios problemas de hacinamiento. El par de conclusiones se desprende de un estudio realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), dependiente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que permitió analizar las condiciones de vida en reclusión y su impacto en la futura reinserción social de las personas privadas de su libertad.
Bajo el título "Condiciones de vida en la Cárcel: Resultados de la encuesta de detenidos condenados", el estudio se basa en el relevamiento realizado sobre una muestra representativa de 1033 internos alojados en dependencias del los Servicios Penitenciarios Bonaerense y Federal durante 2013. Los datos se comparan con los de otros estudios realizados en Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú.
El trabajo destaca las condiciones materiales y no materiales de reclusión (saneamiento, hábitat en el penal, higiene personal, necesidades y elementos básicos, educación, trabajo, contacto con el mundo exterior, salud y adicciones) y revela que las condiciones carcelarias en Argentina se van deteriorando con el aumento pronunciado de la población, aunque presenta mejores condiciones en comparación con los sistemas penitenciarios del resto de los países considerados en este estudio. Sin embargo, esta particularidad obedece más a la precariedad de los otros que a las fortalezas propias.
Según el informe, los penales se encuentran ocupados al 100 por ciento, pero un alto porcentaje accede a celdas individuales, contrariamente a lo que sucede en Latinoamérica. En México, por ejemplo, se duplica la población por número de camas (189 por ciento).
Entre los efectos personales básicos, el colchón y la cama son provistos por el servicio penitenciario mientras que las demás necesidades las cubre la familia (sábanas, calzado, entre otras).
En tanto, la mayoría de los reclusos considera mala e insuficiente la calidad de la comida pero la gran mayoría accede a suficiente agua potable para beber, a diferencia de Brasil que presenta los números más bajos de la región (57,7 por ciento).
La violencia física es un común denominador en todos los penales de Latinoamérica y por eso son percibidos como espacios inseguros, siendo Chile el país que representa el porcentaje más alto (79,9 por ciento).
Volviendo a la Argentina, el informe revela que existen distintos tipos de "pagos improcedentes" para acceder a beneficios. En ese sentido, un 70% declaró que debe pagar para ingresar alimentos, un 30 para acceder a las visitas íntimas y un 28% para ingresar objetos prohibidos.
Además, el contacto con drogas y alcohol es bastante frecuente: el 37% de los reclusos creció en hogares donde el consumo de estas sustancias era habitual.
Más de tres cuartos de la población carcelaria del país participa en actividades deportivas, educativas y/o trabaja dentro del penal y la mayoría califica los programas educativos como muy buenos (Argentina se ubica en rango intermedio siendo México el país con más internos trabajando (96,4% y/o estudiando, y San Pablo el de menor porcentaje). La mayoría de las personas privadas de su libertad considera que el buen comportamiento y la participación en actividades como trabajo y/o estudio son el camino para conseguir beneficios dentro del penal o inclusive la libertad condicional y/o pre-liberación.
El contacto con el exterior es frecuente en las cárceles argentinas. Aunque este derecho esté garantizado, el 72% se vio perjudicado por algún traslado a otra institución, en donde la distancia provoca un obstáculo para que los allegados puedan visitar al detenido.
Por último el informe señala que si bien el hacinamiento, la provisión de bienes básicos y los programas de educación y trabajo no están en situación crítica como en otros países de la región, las condiciones carcelarias en Argentina son deficientes, y de esta manera pueden generar más inseguridad al fomentar la estigmatización, el resentimiento y la conformación de redes delictivas. «
