La Argentina denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que "el clima que afecta a la prensa continúa deteriorándose", y mencionó como el "mayor embate de los últimos tiempos", al boicot publicitario a varios diarios impulsado por el Gobierno, al que definió como "una variante de censura" y señaló que "amenaza su supervivencia".
La delegación argentina en la Asamblea que comenzó hoy en Puebla (México) denunció además los bloqueos a la circulación sufridos por diarios porteños y del interior del país, las presiones gubernamentales sobre la Justicia en torno a la protección solicitada por Clarín en el caso de la Ley de Medios y la muerte del periodista Nicolás Pacheco, como "tres de los más graves ataques sufridos por el periodismo en este período".
En cuanto al boicot publicitario de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos hacia los diarios La Nación, Perfil y Clarín, al que se definió como "una variante de la censura y una vulneración del derecho de los consumidores a conocer el precio o las ofertas de los productos que pretenden adquirir", se reveló que la pérdida anualizada de los medios afectados alcanzaría a los $ 70 millones.
En el Informe que dio a conocer la Argentina, se precisó que "los diarios La Nación y Perfil ya perdieron entre 15 y 20% de su facturación publicitaria dentro del período en que se ejecuta el boicot", mientras que Clarín "ha pasado de tener 264 páginas de avisos de las empresas de ese sector durante el mes de enero a 61, en febrero".
"AMENAZAS" A LOS ANUNCIANTES
La delegación argentina pidió que las "amenazas" contra los principales anunciantes de la prensa para que retiren sus avisos comerciales de ciertos medios merezcan un "tratamiento destacado" en la evaluación de la SIP, por lo que lo calificó el hecho de "extraordinaria gravedad".
"A partir del 7 de febrero, buena parte de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos de nuestro país suspendieron los avisos que tenían pautados en medios de la ciudad de Buenos Aires y de algunas ciudades del interior del país. Directivos de esas cadenas manifestaron que la decisión derivaba de exigencias verbales del secretario de Comercio Interior y que se relacionaba con recientes disposiciones sobre congelamiento de precios", dijo el Informe.
También se denunció que la presión sobre los anunciantes, "que tiene efecto sobre los empresarios por temor a ser inspeccionados por los organismos tributarios o a perder la posibilidad de importar insumos o productos, configura una variante de la censura y una vulneración del derecho de los consumidores a conocer el precio o las ofertas de los productos que pretenden adquirir".
También se denunció que en los últimos días, "el boicot ha sumado nuevos protagonistas, ya que la empresa Telefónica levantó, en lo que constituye una decisión inédita, toda la pauta publicitaria anual de La Nación y en los medios del Grupo Clarín situación que motivó que el ex titular de la SIP Danilo Arbilla sugiriera una "denuncia ante la OEA" y que pidiera una "condena" para las empresas, "no sea que las multinacionales se conviertan en nuevos enemigos de la libertad de prensa", dijo, al tiempo que cuestionó la actitud de la empresa española, tras recordar que "48% de sus ganancias provienen de Latinoamérica".
DISTRIBUCIÓN DE LA PAUTA OFICIAL
El Informe de la Argentina recordó también la inequitativa distribución de la pauta oficial, que se sigue entregado "de manera discrecional, sin tener en cuenta los niveles de audiencia ni las limitaciones al uso proselitista de esos recursos". Al respecto, se señaló que ese uso "de recursos públicos y las intimidaciones a través de funcionarios u órganos de control han impulsado una serie de ventas de medios, compras por parte de contratistas del Estado y virajes en sus líneas editoriales que continúan modificando el mapa de medios en la Argentina. Numerosos despidos y renuncias de periodistas se produjeron en los últimos meses a raíz de estos cambios".
"APLICACIÓN SELECTIVA DE LA LEY DE MEDIOS"
En cuanto a la ley de Medios, el Informe recordó de modo cronológico los episodios que desembocaron en el 7-D, "precedido por múltiples presiones, discursos amenazantes y resoluciones intempestivas vinculadas a un aparente intento de evitar un pronunciamiento judicial adverso al Gobierno".
Al respecto, se recordó "la aplicación selectiva de la Ley de Medios, ya que su cumplimiento debería haberse exigido desde diciembre de 2011 a los medios no amparados por una cautelar", tal como la tiene el Grupo Clarín.
"En un contexto en el que el mapa mediático cambia vertiginosamente por la venta de canales y radios a quienes hacen grandes negocios con el Estado y por la cooptación de empresas periodísticas a través de la pauta oficial, las voces que pretenden expresarse con libertad corren el riesgo de apagarse definitivamente", concluyó el Informe.
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