El fiscal de la causa que investiga el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alberto Nisman, denunció a la presidenta de la Nación y al canciller por la firma del memorándum de entendimiento con Irán en 2013.
Por “negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía”, el fiscal de la causa AMIA denunció y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman. Reclamó también un embargo de bienes por 200 millones de pesos.
Alberto Nisman, el fiscal que lleva adelante la causa en la actualidad, planteó también que existe una “confabulación criminal” que incluye además a Luis D’Elía, Andrés “el Cuervo” Larroque y Fernando Esteche, entre otros, con la intención de “desvincular en forma definitiva” a Teherán. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Según el fiscal, dos años antes de la firma del acuerdo de cooperación entre Argentina e Irán ya había comenzado una negociación entre funcionarios de ambos países con el fin de encubrir a los responsables del atentado que se cobró 85 vidas y dejó 300 personas heridas. El fundamento de la presentación judicial es una serie de escuchas telefónicas en los que, de acuerdo a Nisman, siguiendo órdenes de Cristina Fernández los distintos dirigentes habrían entablado un pacto en el que se negociaría la impunidad de los ex funcionarios iraníes a cambio de acuerdos comerciales.
Para que el memorándum tuviera efecto, la Argentina debía lograr, según la hipótesis del fiscal, que cayeran las órdenes de captura (“circulares rojas”) de Interpol sobre los acusados iraníes, cosa que no sucedió.
El memorándum de la discordia
Ante la negativa durante casi dos décadas de la República Islámica de Irán de colaborar con el esclarecimiento del atentado a la mutual israelita en la investigación llevada adelante por la Justicia argentina, el 27 de enero de 2013 el canciller Héctor Timerman firmó con su par iraní un Memorándum de Entendimiento. El acuerdo fue ratificado por el Congreso de la Nación mediante la ley 26.843 el 28 de febrero del mismo año.
El memorándum, entre otras cuestiones, planteaba la conformación de una “comisión de la verdad”, integrada por cinco juristas, dos de ellos elegidos por Argentina, otros dos por Irán y un último consensuado entre ambos países. La tarea de estos juristas debía ser la de analizar toda la documentación presentada por fuentes judiciales y elaborar posteriormente un informe con las conclusiones obtenidas. El acuerdo incluía también la realización de una audiencia en Teherán, donde el juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, pudieran tomar declaración indagatoria a los ex funcionarios iraníes acusados del atentado, con captura internacional por parte de Interpol.
Desde un primer momento, según informó Notas en aquel entonces, tanto la oposición como la DAIA, la AMIA, y APEMIA (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), bajo distintos argumentos se opusieron a que el memorándum llegara a buen puerto. En Irán, el parlamento tampoco mostró voluntad política de tratarlo en alguna de sus sesiones, por lo que terminó siendo aprobado por el presidente Ahmadinejad mediante un decreto del ejecutivo.
El 16 de mayo de 2014 la Cámara Federal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la DAIA y la AMIA y en segunda instancia resolvió declararlo inconstitucional.